El cuerpo de la Policía de Palma se vio profundamente desmoralizado por las investigaciones derivadas del denominado caso Cursach. Las acusaciones contra Bartolomé Cursach, cuyo imperio empresarial incluye el BCM de Magaluf, finalmente fueron desestimadas por los tribunales. Entre los implicados figuraban agentes de la policía local. Una fuente policial asegura ahora que ni el exalcalde, José Hila, ni la concejala responsable del área, Angélica Pastor, hicieron nada por el cuerpo. “De hecho, estuvieron a punto de propiciar su desaparición durante el caso Cursach.”
Feliciano Franco, secretario autonómico del SPPME-IB, el sindicato policial mayoritario en Baleares, declara: “Hemos pasado ocho años vagando por el desierto, con la concejala socialista Angélica Pastor desmantelando la policía local con la complicidad de Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán.” (Estos fueron, respectivamente, el juez instructor y el fiscal anticorrupción del caso Cursach.) “El cuerpo quedó hecho trizas; fue un desmantelamiento completo. De casi mil agentes, hoy no llegamos a 750, mientras que en la última década hemos superado el medio millón de habitantes y ha crecido la afluencia turística.”
Franco añade: “El Partido Popular sacó rédito electoral de la reparación que se debía a la policía. Era un pilar central de su campaña, y por eso obtuvo tantos votos entre el colectivo.” Pero volviendo a la fuente anónima: “Lo que está haciendo ahora el alcalde Jaime Martínez es inaceptable. Nos sentimos profundamente engañados.”
En marzo de 2024 se iniciaron reuniones para debatir un nuevo plan orgánico para la policía. “El proyecto que el PP incluyó en su programa electoral pretendía incrementar las plantillas disponibles. Actualmente, la distribución es ineficiente; hay muchos más efectivos por la mañana que por la tarde y la noche. También se buscaba reforzar la presencia policial en la calle. Guillem Mascaró, el actual jefe de la policía, fue el más interesado en verlo implementado.”
Este plan abordaba cuestiones como las horas extra, los turnos de fines de semana, nocturnos y festivos, así como las retribuciones. Divide el cuerpo en unidades operativas y no operativas, siendo las primeras las que se beneficiarían de complementos salariales anuales. En su presentación inicial, las propuestas contaron con una amplísima mayoría a favor.
No obstante, a principios del verano pasado los sindicatos percibieron que no había avances. Se convocó una concentración de protesta, “que sabemos que sentó muy mal al alcalde”. Tras unos desencuentros, se restableció la calma y las partes volvieron a la mesa. En octubre se anunció que el nuevo plan se aplicaría en enero de este año. No ha sido así.
A principios del mes pasado, el consistorio explicó que el plan sufriría un retraso. Las áreas de Secretaría Jurídica y Recursos Humanos alegaron que no se habían adoptado todas las garantías procedimentales necesarias. El sindicato policial, furioso, organizó una protesta.
“Se ha generado un clima de gran desconfianza. No confiamos en la concejala Mercedes Celeste, porque no ha cumplido su palabra. Si hay que convocar más manifestaciones, lo haremos”, afirma un agente.
Quien queda en el fuego cruzado es el jefe de la policía, Guillem Mascaró. Muy valorado por haber recuperado la moral de la tropa, ahora se ve imposibilitado para aplicar un plan que, en realidad, fue una iniciativa suya desde el principio. “Sabemos que la culpa no es suya. Casi toda la plantilla está con Guillem. El problema radica en el Ayuntamiento, que nos ha fallado, tal y como hicieron Hila y Pastor repetidamente durante años.” El consistorio, por su parte, insiste: “Nuestra prioridad son los vecinos de Palma. Hay que hacer las cosas bien.”