El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y varios gobiernos autonómicos de España se hallan inmersos en una controversia sobre las responsabilidades laborales de los auxiliares de conversación extranjeros, alegándose que se les estaría empleando como “falsos becarios”.
El programa del Ministerio de Educación para auxiliares lingüísticos procedentes del extranjero se ve amenazado por las inspecciones del Ministerio de Trabajo.
El departamento dirigido por Yolanda Díaz ha investigado y multado a varias comunidades autónomas bajo el argumento de que estos jóvenes extranjeros —que acuden a España para ayudar a los escolares a mejorar su inglés y otros idiomas— están siendo utilizados como “falsos becarios”.
El Ministerio de Trabajo sostiene que estos auxiliares de conversación deberían contar con contrato laboral y estar cotizando a la Seguridad Social.
Según el Ministerio de Educación español, la mayoría de los auxiliares en centros públicos trabajan entre doce y dieciséis horas semanales.
Hasta el momento, las comunidades de Aragón, Galicia, Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana —todas ellas gobernadas por el Partido Popular— han manifestado su “preocupación” ante esta reclamación.
Exigen una “coordinación” entre los ministerios de Trabajo y Educación, ya que afirman estar siendo inspeccionados y sancionados por cumplir un programa y unas condiciones establecidas por el Ministerio de Educación nacional, liderado por los socialistas.
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Galicia cuenta actualmente con 700 auxiliares y Aragón con 101; ambas regiones ya han anunciado que no continuarán con el programa el próximo curso si persiste la “falta de seguridad jurídica”.
Andalucía ya abandonó el programa el año pasado tras ser multada con cinco millones de euros por tener a 1.806 auxiliares.
Otras autonomías también barajan la posibilidad de retirarse si no se soluciona el conflicto.
En 2025, un total de 7.140 auxiliares de conversación nativos llegaron a España para ayudar a los estudiantes a mejorar su competencia oral en inglés, francés, alemán, italiano y portugués.
Este programa, que cumple veinte años, permite a estudiantes universitarios de último curso de hasta treinta países —entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Suiza, Francia, Alemania, Italia y Brasil— venir a España para ayudar a los alumnos a ganar fluidez en lenguas extranjeras.
Supone un duro golpe para los jóvenes extranjeros de países no comunitarios, para quienes programas como este pueden representar su única oportunidad de residir temporalmente en España.
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El Ministerio de Educación estipula que se trata de un “intercambio cultural” y no considera que estos jóvenes deban someterse a la normativa laboral ni contar con un contrato de trabajo.
Fuentes del departamento explican que poseen un informe de la Abogacía del Estado que les “otorga seguridad jurídica” en este aspecto.
Según el diario El Mundo, el dictamen afirma que “no existe relación laboral” y que, por tanto, no debe exigirse un salario contractual.
“La relación de los auxiliares no tiene carácter laboral, asemejándose más a una voluntaria, atendiendo primordialmente al objetivo de la figura, más cercano a la de un ‘embajador cultural’, y no a la prestación de servicios a cambio de una remuneración”, reza el documento.
No obstante, estos auxiliares reciben una compensación económica por sus servicios de entre 800 y 1000 euros mensuales. En algunos casos, también obtienen alojamiento o cheques comida. Crucialmente, esto se considera una beca, no un salario.
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Fuentes del Ministerio de Trabajo arguyen que “existen problemas en algunas comunidades porque los auxiliares están excediendo sus funciones y mantienen una relación laboral”.
Curiosamente, según dichas fuentes, el Ministerio solo ha impuesto multas por los auxiliares financiados por las comunidades autónomas, no por los sufragados por el Ministerio de Educación.
“Los financiados por el Ministerio y los financiados por Andalucía han trabajado en los mismos centros y, pese a realizar las mismas funciones, solo han sido sancionados los de Andalucía”, señalaron fuentes de la región sur a El Mundo.
“Los auxiliares no pueden ejercer como docentes; no son profesores. Son universitarios. En ningún caso sustituyen al profesorado y siempre están en el aula con un maestro. Están aquí para aprender. No hacen nada más”, afirmaron fuentes de la Junta de Andalucía.
Un caso similar se dió en Aragón, donde se impuso una multa de 199.000 euros.
Este “fiasco” de los auxiliares se tratará este viernes 6 de marzo en la Conferencia Sectorial de Educación, el máximo órgano de diálogo en materia educativa entre el Gobierno central y las autonomías.
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