La bebé llora, estirando sus brazos hacia un arco de seguridad con detector de metales. “Mamá, mamá”, dice. Un guardia penitenciario la deja pasar. Es hora de visita en la prisión El Buen Pastor, el centro de detención más grande de Colombia para mujeres. Detrás de la puerta negra, varias mujeres esperan ansiosas. Vestida con su mejor ropa, la madre abraza a su hija con fuerza.
Adentro, la prisión está en mal estado. Moho negro trepa por las paredes; ventanas rotas han sido tapadas con plástico. Las reclusas dicen que celdas hechas para dos alojan a cinco o seis personas.
“Es horrible aquí”, dice Daniela Martínez, una reclusa. “Las condiciones son espantosas. Una vez que entras, pierdes la esperanza.”
La población carcelaria femenina en Colombia ha aumentado más de cinco veces desde 1991, principalmente debido a leyes de drogas que castigan desproporcionadamente a las mujeres. Más de un tercio están presas por crímenes relacionados con drogas; muchas son actores menores en la cadena del narcotráfico.
El país – que produce la mayoría de la cocaína mundial – lleva mucho tiempo plagado por el narcotráfico, que alimenta el crimen organizado y sigue creciendo.
Ahora, el presidente Gustavo Petro intenta un nuevo enfoque: cambiar el castigo por la rehabilitación.
“Colombia ha sido el mejor estudiante del régimen global de drogas, haciendo todo lo que nos dijeron por décadas”, dice Laura Gil, embajadora para política global de drogas. “Pero hoy tenemos producción, consumo y narcotráfico récord.”
“Hay que poner a las personas en primer lugar, no a las prisiones”, agrega.
Una reforma clave es la Ley de Utilidad Pública, aprobada en marzo 2023, que permite a mujeres cabezas de hogar con condenas menores a 8 años cumplir servicio comunitario. Se aplica principalmente a mujeres condenadas por narcotráfico.
En El Buen Pastor, la ministra de Justicia Ángela Buitrago dice que muchas reclusas son pobres y de zonas rurales – vulnerables a los cárteles. “Muchas sufrieron marginalidad. Aunque traficaron drogas, a veces no sabían qué llevaban”, explica. “Hay que cambiar el sistema y protegerlas.”
Martínez fue condenada a 5 años por tener 10 kilos de marihuana. “Me engañaron. Me pidieron guardarlos y llegó la policía”, dice. “Fui una mula.”
“Dicen que la cárcel rehabilita y educa, pero son mentiras”, afirma Patricia Cortés, excarcelada en 2024 tras 11 meses por narcotráfico. Su madre vendía drogas para mantener a 8 hijos. “Muchas mujeres somos forzadas”, añade.
Solo 143 mujeres han sido liberadas, pese a los 2600 cupos disponibles. Jueces conservadores y problemas con el término “marginalidad” frenan el proceso.
Petro también lanzó un plan antidrogas a 10 años para reducir cultivos ilegales. Además, Colombia propuso reformas al sistema global en la ONU.
Critican la falta de estrategia del plan y la inseguridad que dificulta su aplicación. En barrios afectados, piden mejor educación. “Los niños se drogan a los 13 por falta de opciones”, dice Mónica Urbina.
“Las drogas arruinan todo: familias, economía, trabajo”, dice Martínez. “El gobierno debe romper la cadena.”
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