El grupo ecologista balear GOB ha denunciado públicamente la conversión de las playas de Palma en un “producto de lujo” que “alejará” a los residentes de su uso cotidiano debido al incremento de las tarifas de los servicios. Según un comunicado, la organización ha presentado alegaciones al estudio económico sobre la explotación de los servicios estacionales, advirtiendo de que dichas tarifas no están aprobadas y que la subida que contemplan resulta “exorbitante”.
Los precios de los servicios playeros, han señalado los ecologistas, son precios públicos y, por tanto, no pueden modificarse arbitrariamente. Cualquier actualización ha de realizarse mediante una ordenanza municipal, siguiendo el procedimiento legal correspondiente y publicándose en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).
Para el GOB, las tarifas propuestas evidencian un modelo de gestión “diseñado principalmente para el turista, que puede asumir precios cada vez más elevados, pero que olvida a las personas que viven en Palma y usan las playas durante todo el año”. “Las políticas públicas no pueden convertir el litoral en un producto de lujo ni excluir a los residentes de su uso diario. Se trata de un espacio público y sus servicios deben ser accesibles, transparentes y ajustados a la legalidad”, ha subrayado.
Según datos aportados por la organización, el precio de las hamacas y sombrillas aumentaría cuatro euros, hasta los diez; el de las taquillas subiría otros cuatro euros, hasta los cinco; el de las hamacas “premium” pasaría de quince a cuarenta y cinco, y el de las motos acuáticas, de veinticinco a cincuenta y cinco. Los ecologistas han puntualizado que estos incrementos “no son un hecho aislado o puntual”, sino que responden a un patrón ya observado con anterioridad.
El pasado mes de septiembre, por ejemplo, se formalizó una denuncia por los precios de hamacas y sombrillas en Cala Major, que supuestamente no se ajustaban a las condiciones autorizadas. “Este antecedente demuestra que el problema no es solo el precio propuesto sobre el papel, sino cómo garantizar que se cumplan efectivamente las tarifas autorizadas y que no se apliquen subidas encubiertas o ilegales”, afirmaron.