El 1 de julio, una piscina desmontable rajó el suelo de un edificio en Palma al ceder bajo el peso de más de 5.000 kilos de agua. La Policía Local acudió tras ser avisada por un técnico de seguridad que evaluó el peligro potencial. Sobre las 12:30, varios agentes y bomberos de Palma inspeccionaron la situación y decidieron vaciar la piscina urgentemente para evitar más daños estructurales.
Según fuentes policiales, la piscina medía 1,10 metros de alto y 4,50 de largo. Las autoridades advierten de los riesgos de estas instalaciones en terrazas y recomiendan consultar a un profesional para analizar la resistencia del suelo antes de colocarlas. Muchas terrazas y áticos no están diseñados para soportar ese peso, equivalente a 100 personas en un espacio reducido.
José Miguel, nombre ficticio, es el dueño del piso okupado en Palma donde se instaló la piscina, lo que hizo crujir la estructura y alarmó a los vecinos. Antes de la okupación, hubo inquilinos que, según él, no pagaron el alquiler durante siete años. Al desalojarlos, la vivienda estaba “hecha un desastre” y afirma que tuvo que vender otro piso para costear las reparaciones.
El propietario, que no quiso ser grabado ni dar su nombre real por miedo a los okupas, sufrió un ictus hace un año y se siente físicamente débil: “Estoy vivo de milagro”. Relata el calvario que vive con sus vecinos: “La policía ha venido varias veces por el ruido, también molestan al resto del edificio con el agua que salpica a otras terrazas”.
José, “muy decepcionado con el sistema”, recuerda el único encuentro con los okupas, sorprendido por su naturalidad al preguntarle por la limpieza del edificio. También denuncia que han visto en varias ocasiones a “niños de 3 o 4 años” solos durante horas por las mañanas.