BOGOTÁ, Colombia (AP) — La decisión de Perú de reducir en un 42% su parque arqueológico, hogar de las famosas Líneas de Nazca —un área similar a 1,400 canchas de fútbol— ha generado alarma entre conservacionistas, arqueólogos y defensores del medio ambiente.
Los críticos dicen que este recorte facilita la minería informal y debilita décadas de protección cultural y ecológica. Sin embargo, el gobierno afirma que el ajuste refleja nuevos estudios científicos y no afecta el estatus de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO ni las protecciones principales del sitio.
"La reducción no solo elimina protecciones, sino que lo hace justo donde la actividad extractiva está creciendo", dijo Mariano Castro, ex viceministro de medio ambiente de Perú. Añadió que la decisión podría causar "riesgos muy graves y daños acumulativos", ya que excluye zonas con concesiones mineras activas o pendientes.
Castro también señaló que las salvaguardas para el patrimonio arqueológico durante la formalización de la minería artesanal ya son limitadas. "Esto empeora porque el ministerio de cultura no considera el impacto acumulativo de decenas o cientos de operaciones mineras en zonas arqueológicas sensibles", dijo.
El área en cuestión es parte de un Patrimonio Mundial de la UNESCO, donde se encuentran las Líneas de Nazca —geoglifos gigantes grabados en el desierto hace miles de años— y uno de los ecosistemas desérticos más frágiles de Perú.
El abogado ambiental peruano César Ipenza, quien ha seguido de cerca la decisión, dijo que la resolución ya fue aprobada y reduce la zona de Nazca en más de 1,000 hectáreas. "Es un debilitamiento de las protecciones ambientales y culturales. El estado debe cumplir con acuerdos internacionales, no ceder a intereses privados", afirmó.
Ipenza y otros denuncian que este recorte refleja una tendencia de concesiones regulatorias a mineros informales. "Hay una alianza entre el gobierno actual y sectores de minería informal", dijo. "El marco legal se sigue relajando para beneficiarlos".
El ministerio de cultura, que decidió el 30 de mayo reducir la reserva de Nazca de 5,600 a 3,200 km², no respondió preguntas específicas de AP. Envió un comunicado diciendo que el ajuste se basó en nuevos estudios arqueológicos y no afecta el estatus de la UNESCO.
Un día después, el ministro de cultura Fabricio Valencia admitió que existe minería ilegal en la reserva. "Lamentablemente, la minería informal está presente aquí, pero esta medida no significa que se fomente ni que aumenten los riesgos. Eso no pasará", dijo en RPP, uno de los programas radiales más grandes de Perú.
Al preguntarle sobre la actividad ilegal en la reserva, Valencia respondió: "Hay algunos yacimientos mineros, pero no tengo información exacta sobre qué minerales hay".
UNESCO no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Castro advirtió que esta medida podría violar leyes peruanas: "Contraviene el Artículo 5(h) de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que exige proteger el patrimonio histórico y arqueológico".
Ipenza acusó al gobierno de permitir la ilegalidad bajo excusas técnicas: "Es vergonzoso olvidar a nuestros antepasados y disfrazar decisiones que benefician a sectores que imponen la ilegalidad, como la minería informal. Esta decisión beneficia a esos grupos y perjudica a todos los peruanos".
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