El anteproyecto de ley para la gestión de la costa balear se está denominando como una “amnistía” costera. Esta norma, la primera de su clase en las islas, permitirá conservar numerosas construcciones del litoral, hecho que ha sido posible tras la traspaso de competencias sobre la costa desde la Dirección General de Costas estatal en julio de 2023.
La preservación de estos inmuebles –chiringuitos, restaurantes, varaderos de pescadores y otros– afecta al dominio público marítimo-terrestre. La Ley de Costas nacional regula expresamente este dominio, que es de titularidad estatal. Esto sigue siendo así pese a la transferencia de competencias. Por ello, hasta ahora ha sido la legislación estatal la aplicada para otorgar concesiones, determinar usos o ordenar demoliciones.
La ley autonómica pretende ampliar el control del Govern balear sobre el litoral. El ejecutivo regional argumenta que no elude la Ley de Costas, sino que establece mecanismos para influir de forma más directa en las decisiones sobre las construcciones costeras. Presentada como una cogestión, la norma busca clarificar aspectos del control estatal.
La llamada amnistía conservaría los edificios, pero no legalizaría automáticamente su uso actual. Se mantendría la construcción, pero eso no implica, por ejemplo, que se autorice su funcionamiento como restaurante o chiringuito.
Los ecologistas del GOB han denunciado reiteradamente construcciones y la aparente inacción en el cumplimiento de órdenes de demolición de Costas. Un ejemplo notable es el restaurante El Bungalow en el Ciudad Jardín de Palma. El GOB ha solicitado la retirada del anteproyecto debido a “inconsistencias” y problemas de competencia.
Sostienen que, aunque el texto alude a la protección de la costa, el objetivo real de la ley es ampliar y consolidar usos preexistentes ajenos a dicha protección. El Govern balear pretende tener la última palabra en la otorgación de concesiones, lo que supondría la legalización de actividades ya existentes.