Los periodistas de Israel se oponen a un nuevo proyecto de ley de medios, presentando una petición a la Corte Suprema por su avance acelerado.
El Sindicato de Periodistas en Israel presentó una petición a la Corte Suprema el lunes en contra del avance de una amplia reforma de comunicaciones, impulsada por el Ministro de Comunicaciones Shlomo Karhi (Likud).
Según la petición, el proceso viola la ley administrativa, ignora consejos legales y amenaza la independencia de la prensa. Exigió órdenes judiciales condicionales y permanentes contra su avance, así como una audiencia urgente sobre el tema.
En septiembre, el Comité Ministerial de Legislación aprobó el proyecto de ley que implementará reformas extensivas en el panorama mediático de Israel.
El sindicato argumentó que la decisión se tomó en un proceso apresurado e irregular. También hizo referencia a un informe legal emitido poco después de presentar el proyecto, que afirmaba que las reformas son una amenaza concreta para la prensa libre, están llenas de errores sustanciales y procesales, y requieren revisión.
Esto significa, dijo el sindicato, que se debe prevenir su avance hasta que se resuelvan todos los problemas legales.
A pesar de la oposición, Karhi envió el proyecto de ley a la Knesset el 21 de octubre. La petición señaló que él reconoció haber evitado el consejo legal, describiendo el movimiento como un primer hecho histórico.
El Ministro de Comunicaciones Shlomo Karhi en la Knesset, en Jerusalén, 18 de diciembre de 2024 (crédito: Chaim Goldberg/Flash90)
“Este es el primer proyecto de ley presentado para una primera lectura a pesar de la oposición del asesoramiento legal, demostrando determinación, independencia y un compromiso con la formulación de políticas públicas por parte de funcionarios electos en lugar de burócratas legales”, había dicho el ministro de comunicaciones en ese momento.
**Amenaza principios democráticos fundamentales**
El sindicato enfatizó que cree que el proyecto de ley amenaza los principios democráticos fundamentales. Más allá de poner en peligro la libertad de prensa, dijo, el proyecto también debilita la independencia de las agencias de noticias.
Algunas de las preocupaciones del sindicato incluyen la abolición de la separación estructural entre las organizaciones de noticias y sus dueños; permitir que los medios de comunicación autorregulen sus normas éticas; y disolver los organismos reguladores existentes en favor de una nueva autoridad supervisora, con miembros nombrados por el propio ministro de comunicaciones.
Además, el sindicato dijo que quería enfatizar que preparar un proyecto de ley es un acto administrativo que debe seguir los principios del derecho administrativo. Entre estos fundamentos están los métodos adecuados para recoger información, revisiones por los ministerios relevantes y la adhesión a las directivas legales.
Dijo que el proceso apresurado del gobierno, su desprecio por los consejos legales y su evasión de los procedimientos estándar constituyen un acto administrativo ilegal.