La autoridad aeroportuaria española Aena está ultimando su propuesta de revisión tarifaria para 2026, con un incremento del 6,5%, el mayor desde que entró en vigor la Ley 18/2014 en 2015, que congeló los precios. Este ajuste supondría un aumento de 68 céntimos por pasajero y elevaría el Ingreso Máximo Ajustado por Pasajero (IMAAJ) a 11,03 euros, frente a los 10,35 euros actuales.
La propuesta, que debe ser ratificada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y aprobada por el consejo de administración de Aena a finales de julio, entraría en vigor el 1 de marzo de 2026. El operador aeroportuario, que no recibe financiación de los Presupuestos Generales del Estado, argumenta que este aumento es clave para mantener su sostenibilidad financiera y llevar a cabo el ambisioso plan de inversión previsto para los próximos años.
En 2024, Aena ya aplicó una subida del 4,09% para compensar los sobrecostes energéticos derivados de la guerra en Ucrania, con un retraso de dos años en trasladarlos a las tarifas. No obstante, la CNMC obligó al operador a congelar las tasas en 2025, a pesar de la propuesta inicial de un aumento del 0,54%.
Con una previsión de 320 millones de pasajeros para 2025 —y una tendencia al alza en 2026—, el incremento tarifario podría suponer unos ingresos adicionales de 218 millones de euros para la actividad regulada de Aena, que en 2024 alcanzó una facturación de 3.190 millones (de un total de 5.827 millones).
Sin embargo, la relación entre el operador y las aerolíneas sigue siendo tensa. Ryanair, su principal detractor, ha recortado su capacidad en España en 800.000 asientos y ha cerrado rutas desde Jerez y Valladolid este verano como respuesta a lo que considera un alza injustificada de precios. Aena alega que, a pesar de los recientes ajustes, las aerolíneas aún pagan tarifas inferiores a las de 2015 y que sus precios son hasta un 60% más bajos que los de otros grandes aeropuertos europeos como Heathrow, Charles de Gaulle, Schiphol o Frankfurt.
Este ajuste tarifario anticipa el próximo ciclo de inversión que se establecerá en el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), vigente entre 2027 y 2031. Las negociaciones comenzarán después del verano e incluirán actuaciones estratégicas en varios aeropuertos clave.
Se planean mejoras significativas en las instalaciones de Tenerife, Alicante, Valencia, Palma, Málaga, Menorca, Ibiza, Lanzarote y Bilbao, consolidando así una red aeroportuaria más moderna y eficiente para hacer frente al crecimiento del tráfico aéreo en la próxima década.