Los ministros del Interior, reunidos en Bruselas, dieron luz verde a un paquete de medidas, en un contexto en el que los gobiernos europeos se ven presionados para adoptar una postura más firme ante el deterioro de la opinión pública sobre la migración, un factor que ha impulsado los avances de la extrema derecha en las urnas.
Propuestos por la Comisión Europea a principios de este año, los cambios —que deben ser aprobados por el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor— permitirían, notablemente:
- La apertura de centros fuera de las fronteras de la Unión Europea a los que serían enviados los migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas: los denominados “centros de retorno”.
- Sanciones más severas para los migrantes que se niegan a abandonar el territorio europeo, incluyendo períodos de detención más prolongados.
- La devolución de migrantes a países que no son su nación de origen, pero que Europa considera “seguros”.
Una disminución en las entradas irregulares a Europa —que han caído aproximadamente un 20% en lo que va de 2025 en comparación con el año anterior— no ha aliviado la presión para actuar sobre este tema sensible.
“Tenemos que acelerar”, declaró el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, “para transmitir a la ciudadanía la sensación de que controlamos lo que sucede.”
‘Limbo jurídico’
Las nuevas iniciativas han causado consternación entre los activistas que trabajan con migrantes.
“En lugar de invertir en seguridad, protección e inclusión, la UE opta por políticas que empujarán a más personas hacia el peligro y un limbo jurídico”, afirmó Silvia Carta de PICUM, una ONG que asiste a migrantes indocumentados.
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No obstante, bajo el impulso de Dinamarca, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE y ha abogado desde hace tiempo por normas migratorias más estrictas, los Estados miembros avanzan a un ritmo acelerado.
Un diplomático europeo comentó a la AFP que existe “un deseo político ampliamente compartido” entre los líderes del bloque para impulsar estas medidas adicionales.
“Hemos estado avanzando con gran celeridad”, señaló el diplomático, que habló bajo condición de anonimato, al igual que otras fuentes.
Algunos dentro del bloque han expresado escepticismo.
Francia cuestionó la legalidad y eficacia de algunas propuestas, mientras que España no está convencida de que los “centros de retorno” puedan funcionar tras varios intentos fallidos por parte de otros países.
Aún así, las medidas cuentan con el respaldo de legisladores de la centroderecha y la extrema derecha, quienes ya les dieron una aprobación inicial en el Parlamento Europeo.
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Acogida de solicitantes de asilo
Los Estados de la UE también acordaron este lunes cómo implementar un nuevo sistema de “solidaridad” para distribuir al menos 30.000 solicitantes de asilo entre los países miembros.
En virtud de una reforma aprobada recientemente para aliviar la presión en naciones con gran número de llegadas, como Grecia e Italia, se espera que otros miembros acojan a un contingente o abonen 20.000 euros por persona a los países bajo presión.
Pero, dado que se insta a los gobiernos de todo el bloque a endurecer las políticas migratorias, ofrecerse para acoger a solicitantes de asilo adicionales conlleva un elevado riesgo político.
Ello derivó en negociaciones prolongadas, que se cerraron este lunes, aunque no se divulgaron los detalles del acuerdo.
“Son pocos los ministros del Interior que querrán salir ante la prensa y decir: ‘Vale, he aceptado a 3.000′”, comentó un funcionario europeo a la AFP.