El Gobierno Balear ha abonado al menos 1,3 millones de euros de Renta Social Garantizada a personas que no cumplían los requisitos de elegibilidad para esta prestación, destinada a quienes se hallan en situaciones de vulnerabilidad social particular.
A esto se suman miles de casos pendientes de revisión, que podrían elevar la cifra final a casi 2,5 millones de euros, según estimaciones de la conselleria de familias y bienestar social. La consejería ha iniciado el procedimiento de solicitud de reembolso en cientos de casos y ha dado por terminada la prestación en más de 2000.
Hace dos años, la conselleria comenzó a examinar el sistema de control de pagos y a revisar los casos sospechosos. La entonces consellera de asuntos sociales, Catalina Cirer, adelantó a principios de 2024 que habían detectado posibles irregularidades, como beneficiaros que percibían la renta social mientras trabajaban o obtenían otros ingresos. Se encargó una auditoría interna, la cual ha constatado numerosas deficiencias en los sistemas de gestión y control.
Dicha auditoría señala que el sistema informático requiere claramente de mejoras. Advierte de que no se realizan comprobaciones sistemáticas para garantizar que los beneficiaros cumplen los requisitos tanto en el momento de la concesión como con posterioridad.
Se estima que alrededor de 4000 casos se encuentran actualmente bajo revisión. Los motivos son variados, como ausencias no comunicadas de las Islas Baleares o ingresos no declarados procedentes de la economía sumergida. No todo obedece a mala fe: en ocasiones, los beneficiarios ni siquiera eran conscientes de haber cometido alguna irregularidad, pues creían reunir los requisitos.