EL caso de la muerte de Brett Dryden en Mojácar constituye un ejemplo escandaloso de cómo una investigación puede ser desvirtuada por la incompetencia y la indiferencia.
Dryden, un expatriado británico de 35 años, fue hallado sin vida con 8.000 euros en falta, junto a su teléfono y cartera desaparecidos, y claros signos de violencia en su domicilio.
A pesar de las evidencias de crimen – manchas de sangre, lesiones múltiples, un vigía sospechoso y un iPhone robado –, las autoridades españolas cerraron el caso de forma discreta en septiembre.
Lo que resulta particularmente preocupante de este caso no son solo las circunstancias perturbadoras del fallecimiento de Dryden, sino la falta de diligencia de las autoridades para perseguir pistas cruciales.
Las imágenes de videovigilancia captaron a una figura enmascarada frente a su vivienda poco antes de que dos individuos huyeran con sus pertenencias.
Dryden también había concertado una reunión con un proveedor albanés de drogas, ‘Irdi’, y sin embargo, ni Irdi ni su asociado, ‘Hakim’, fueron jamás interrogados.
Peor aún, la investigación pasó por alto detalles clave sobre el paradero del iPhone sustraído, el cual señalaba hacia ubicaciones sospechosas, así como el hecho de que uno de los dispositivos vinculados al delito estaba registrado a nombre de una mujer con conocidos vínculos con la delincuencia.
Cerrar un caso con lagunas tan evidentes supone un afrenta a la justicia.
La familia de Brett merece respuestas, no apatía.
Sandra Dryden, su madre, ha expresado con razón su frustación ante el archivo del caso.
Que ella tenga que recurrir a periodistas y desembolsar sumas considerables para sufragar investigadores es una verdadera desgracia.
Se trata de una severa crítica a un sistema judicial que, en el mejor de los casos, podría tildarse de negligente y, en el peor, de cómplice en el encubrimiento de un crimen violento.
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