Los adversarios políticos, en concreto el PSPV, sostienen que este modelo es puramente especulativo y antepone los intereses de la industria del ‘ladrillo’ a las necesidades de la ciudadanía.
En uno de los primeros actos legislativos impulsados por el recién nombrado President, Juan Francisco Pérez Llorca, la Comunidad Valenciana ha introducido un nuevo decreto “Simplificado” que altera significativamente la gestión del suelo y la vivienda en la región.
Esta medida se presenta como una solución a la crisis habitacional al agilizar y facilitar la construcción, pero ha desatado duras críticas en torno a la calidad urbana y a la privatización del control público.
Modificaciones en el uso del suelo público
El decreto permite edificar vivienda protegida en suelos originalmente destinados a dotaciones públicas como colegios, centros de salud o instalaciones deportivas. Aunque la norma indica que los ayuntamientos deberán reponer ese «suelo dotacional» perdido en un plazo de tres años, el efecto inmediato permite a las promotoras construir en solares que, con frecuencia, llevaban años vacantes.
Se debate si estos terrenos se cederán en régimen de alquiler a las promotoras o si se recurrirá a «permutas», donde la desarrolladora se convierte en propietaria del suelo a cambio de entregar al gobierno unas pocas viviendas terminadas.
Privatización del control de calidad
En un giro notable, el Gobierno traslada la competencia de clasificación y verificación de la vivienda pública a entidades colaboradoras privadas (ECUV). Anteriormente, la administración era la única responsable de garantizar que la vivienda asequible cumplía con los estándares de habitabilidad y calidad.
Al permitir que sean firmas privadas quienes emitan estos certificados, el Ejecutivo argumenta que se reduce la burocracia y se dinamiza el mercado, mientras que los críticos alegan que se elimina un control público esencial sobre la legalidad de los edificios.
Viviendas más pequeñas y mayor densidad
La nueva normativa elimina los límites anteriores sobre el número máximo de viviendas por área urbana. Al centrarse en la superficie total construida y no en el número de unidades, las promotoras pueden ahora ubicar más pisos en el mismo espacio, lo que conduce, naturalmente, a apartamentos de menor tamaño.
Además, el decreto suprime la obligación de incrementar zonas verdes o parques públicos cuando se aumenta la densidad poblacional de un barrio, lo que significa que más personas vivirán en espacios reducidos con menos equipamientos cercanos.
Rechazo legal y político
La propia asesoría jurídica de la Generalitat ha objetado el uso de un «Decreto Ley» para implementar estos cambios, dado que este procedimiento urgente soslaya el examen pormenorizado que normalmente requiere el Consell Jurídic Consultiu.
La oposición política, encabezada por el PSPV, alega que, lejos de resolver los problemas del mercado inmobiliario, el Gobierno está fomentando un modelo de ciudad más masificado y carente de la infraestructura pública básica para una comunidad saludable.