España se prepara para una nueva era de fiscalización tributaria, en la que los bancos están ahora obligados a remitir información detallada sobre las transacciones con tarjetas que superen los 25.000 euros anuales. Esta iniciativa, recogida en el Real Decreto 253/2025, pretende reforzar la transparencia en las operaciones financieras y combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. A partir del 1 de enero, respecto al ejercicio fiscal que comience en dicha fecha, las entidades bancarias y de dinero electrónico deberán facilitar a la Agencia Tributaria datos no solo sobre operaciones con tarjetas, sino también información acerca de préstamos, créditos y movimientos de efectivo que excedan ciertos umbrales establecidos.
El marco normativo incluye medidas que afectarán a un amplio espectro de productos financieros, garantizando que la Hacienda Pública disponga de una visión integral del comportamiento económico de los ciudadanos en España. El artículo 37 del Real Decreto especifica con precisión qué información deben declarar las instituciones financieras. Estas están obligadas a proporcionar los datos identificativos de los titulares de las cuentas, esenciales para vincular las transacciones a personas concretas, así como los saldos a 31 de diciembre, que reflejan el patrimonio en ese momento. Asimismo, las entidades deberán comunicar el saldo medio del último trimestre del ejercicio fiscal, lo que ofrece una perspectiva más dinámica sobre la liquidez del titular.
Además, han de declarar los importes totales de los débitos y créditos realizados durante el año, lo que facilita una visión global de los flujos económicos. Este conjunto de datos permite a la Hacienda efectuar un seguimiento pormenorizado y detectar posibles irregularidades o movimientos sospechosos. Uno de los aspectos más relevantes para los usuarios es la obligación de informar sobre las operaciones con tarjetas, conforme al artículo 38 ter. Siempre que la suma anual de débitos y créditos exceda de 25.000 euros, los bancos deberán presentar una declaración informativa detallada.
Seguimiento integral de las transacciones financieras
Esta medida afecta a todo tipo de tarjetas, ya sean de crédito, débito o prepago, e incluye las recargas en efectivo, reflejando la intención de la Hacienda de abarcar todos los canales por los que circula el dinero mediante estos instrumentos. Entre los datos que deben remitirse figuran la identificación del titular, el tipo de tarjeta y el volumen total de ingresos registrado. Esta información es clave para contrastar y cruzar datos que puedan revelar incongruencias o indicios de fraude.
Por otra parte, el artículo 38 incorpora modificaciones que exigen declarar los saldos de préstamos y créditos superiores a 6.000 euros a 31 de diciembre. Esta disposición busca un control más exhaustivo sobre las obligaciones financieras de los ciudadanos.
Por otro lado, se fija un umbral de 3.000 euros para las operaciones en efectivo, como depósitos, reintegros y cobros derivados de documentos. Esta actualización pretende limitar el uso del efectivo en transacciones significativas, que presentan mayor dificultad para el rastreo rutinario. En conjunto, estas medidas refuerzan la vigilancia de los movimientos monetarios que antes podrían haberse mantenido al margen del alcance de la Agencia Tributaria.
Calendario de implementación y período de adaptación
Es importante señalar que todas estas obligaciones comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026. Por tanto, los movimientos realizados durante 2025 no estarán sujetos a este tipo de informes.
La primera declaración informativa correspondiente al ejercicio 2026 deberá presentarse dentro de los plazos habituales establecidos por la Hacienda en los meses subsiguientes. Esta planificación busca ofrecer un período de adaptación tanto para las instituciones financieras como para los contribuyentes, quienes deberán tener en cuenta los nuevos límites y obligaciones para preparar su contabilidad y seguimiento financiero de cara a 2026.