La consejera de Turismo de Canarias, quien recientemente impulsó unas reformas para regular los apartamentos turísticos en el archipiélago, ha recibido diversas amenazas y ataques contra su propiedad, incluyendo un vídeo generado por inteligencia artificial en el que se la ve arder viva.
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno canario, Jéssica de León, ha sido objeto de amenazas tras la aprobación de una normativa más estricta para los alojamientos vacacionales en las islas.
Según informaciones de la prensa regional, la ministra ha sufrido agresiones con piedras contra su vivienda y su vehículo.
Asimismo, ha circulado por internet un vídeo creado con IA que muestra a la consejera en un escenario apocalíptico quemando viviendas de vecinos con un lanzallamas, para luego aparecer ella misma envuelta en llamas.
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Estos llamamientos a que sea «quemada viva» se han repetido en redes sociales durante los últimos meses.
Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular en Canarias, formación a la que pertenece De León, reveló estas amenazas en una entrevista en Radio Sintonía el miércoles.
«¡El último mensaje pide que quemen viva a la consejera! Ella no quiere que hable de esto, pero había que denunciarlo. Ya está en manos de la policía porque no fue un hecho aislado».
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De León, por su parte, ha declarado públicamente que «nunca he querido hacerme la víctima en este asunto», pero confirmó haber interpuesto «dos denuncias» policiales por lo que calificó como «amenazas veladas».
A juzgar por el tono de los vídeos y la letra de la canción que suena de fondo («son el pan/futuro de nuestros hijos», en referencia a los alquileres vacacionales), sus autores deben ser propietarios de apartamentos turísticos que se verán perjudicados por la nueva normativa.
La Ley de Gestión Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda de Canarias, conocida también como Ley de Alquiler Vacacional, fue aprobada por el parlamento autonómico el 12 de noviembre.
Las reformas llevaban varios años gestándose antes de su aprobación y fueron impulsadas personalmente por De León.
Según fuentes gubernamentales citadas por el medio local Canarias 7, el proyecto es fundamentalmente «una ley que ordena y regula el alquiler vacacional», no una prohibición total.
No obstante, hay consenso en que limitará los nuevos alojamientos turísticos en las islas hasta al menos 2030.
La ley otorga a los ayuntamientos mayores competencias para controlar la ubicación de este tipo de alojamientos y establecer límites en proporción a la vivienda residencial.
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Las amplias reformas también contemplan que el suelo considerado residencial se destine mayoritariamente a vivienda permanente, reservando un 80% para uso de larga duración.
La legislación establece además un límite del 10% de plazas turísticas respecto al parque de viviendas total en zonas de alta presión turística como La Palma, La Gomera y El Hierro.
En su momento, De León admitió que había sido una ley «difícil de interiorizar, difícil de explicar y difícil de gestionar».
La reacción contra la norma y las amenazas a la consejera ponen de manifiesto que, aunque muchos se oponen a los efectos del turismo masivo en el archipiélago atlántico, son numerosas las familias que dependen económicamente de sus alquileres al estilo Airbnb.
La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) ha emitido un comunicado sobre los ataques a De León en el que afirma «comprender e incluso compartir la inquietud, desesperación, miedo e indignación de decenas de miles de familias y residentes canarios» por la recién aprobada ley, pero que «en ningún caso justifican la violencia».
Canarias fue uno de los focos del movimiento de protesta contra el turismo en España durante 2024. Varias islas, al igual que muchas capitales peninsulares, sufren la presión por la proliferación de apartamentos turísticos tras la pandemia, lo que según los locales ha inflado los mercados de alquiler y compraventa.
Según los datos, hay más de 72.000 viviendas registradas como vacacionales en Canarias, y se estima que con la nueva regulación la cifra podría reducirse a unas 9.500. Se desconoce el número de alojamientos ilegales o sin licencia.
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