El Proyecto Urdimbre Canarias es una iniciativa gubernamental en las islas dirigida a la formación y empleo de menores migrantes no acompañados. Su objetivo es integrarlos en la sociedad local mediante la creación de puestos de trabajo y la oferta de capacitación. Hasta que cumplen la mayoría de edad, las autoridades locales se hacen cargo de los jóvenes que llegan en pateras sin sus progenitores. Cuarenta y seis de ellos, que actualmente tienen dieciocho años, han sido contratados por el grupo hotelero Mallorca, Meliá Hotels International, en su Hotel Paradisus Fuerteventura.
El Consejero Delegado, Gabriel Escarrer, manifestó su orgullo en redes sociales por formar parte de esta iniciativa que fomenta la “convivencia, la cohesión social y la inclusión”. El hotelero, que ha mantenido un trato personal con estos jóvenes, afirmó que esta es “la mejor forma de integración posible: ofrecerles un trabajo y un futuro lleno de oportunidades en su nuevo hogar”. Estos se desempeñarán en las áreas de cocina y restaurante, así como en el departamento de mantenimiento, además de encargarse de tareas de limpieza y ama de llaves. Residirán en el mismo establecimiento hotelero. Se prevé que el proyecto se expanda en los próximos meses con nuevas contrataciones.
La respuesta desde la derecha política en Mallorca ha sido de apoyo, aunque con matices. El lunes, el portavoz del Partido Popular, Sebastià Sagreras, expresó su “máximo respeto” hacia esta iniciativa de “una empresa muy importante”. No obstante, recalcó el compromiso del Govern Balear de priorizar a los residentes en las islas en situación de desempleo “para no agravar el problema del crecimiento poblacional”.
Por su parte, Manuela Cañadas, de Vox, formación que mantiene una línea dura en materia de inmigración, declaró: “Son bienvenidos si cotizan a la Seguridad Social. Cualquier persona que se encuentre legalmente en España con un contrato de trabajo es bienvenida, siempre que venga a trabajar y no a delinquir”.
Cabe destacar que el Govern Balear ha realizado ingentes esfuerzos para evitar que menores migrantes de Canarias sean trasladados a las Baleares en virtud del plan estatal de redistribución entre comunidades autónomas. Un decreto aprobado en julio establecía el reparto de 3.000 menores. En abril de este año, se estimaba que había aproximadamente 5.800 en Canarias.