El Govern balear ha denunciado la crisis migratoria “insostenible” que afecta a las Islas Baleares y ha vuelto a solicitar al Ejecutivo central que “excluya a esta comunidad autónoma del reparto de menores migrantes no acompañados” procedentes de Canarias. Esta petición fue realizada por el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, este lunes en declaraciones a los medios, donde lamentó que Baleares “inicia 2026 como terminó 2025, con una nueva oleada de inmigración irregular”, tras la llegada en los últimos cinco días de siete pateras con alrededor de 150 migrantes a bordo –147 en total, según la información facilitada a los medios por la Delegación del Gobierno.
Para Pavón, se trata de una situación “insostenible” que demuestra que la crisis migratoria en Baleares “ya no es un hecho puntual, ni algo temporal, sino un problema consolidado” que, reconoció públicamente, “preocupa a este Govern”. Por ello, ha instado nuevamente al Gobierno de España –en concreto al presidente Pedro Sánchez, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez– a que “tome medidas”.
“La protección y el control de las fronteras no es una competencia autonómica, pero sí es responsabilidad del Govern exigir que se cumpla la normativa y se actúe para acabar con la ruta migratoria desde Argelia a Baleares de una vez por todas”, afirmó, “y eso es precisamente lo que está haciendo este Govern”.
El director general recordó que en 2025 llegaron de manera irregular a Baleares más de 7.300 personas en unas 400 pateras, y “este año todo apunta a que la dinámica continuará” porque “las mafias se lucran con la desesperación humana”.
No obstante, Pavón advirtió de que esto “ya no es solo una crisis humanitaria, sino también económica”, ya que “la destrucción y gestión de estas embarcaciones ha de ser asumida en parte por el Govern balear, con un coste medio por patera de unos 600 euros, que al final”, precisó, “recae sobre todos los contribuyentes”. Ante esto, reiteró su petición al Gobierno para que “actúe de una vez”. “Ya está bien”, subrayó, alertando de que “este Govern no quiere que Baleares siga siendo la principal ruta de la inmigración irregular, no solo en España, sino en toda Europa“.
“Esto tiene que acabar”, porque “la realidad es la que es”, que “por mucho que se intente ocultar y negar, las Islas Baleares son el principal punto de entrada irregular a España y, por ende, al resto de Europa, y esto debe terminar. Si no quieren verlo, ya se lo están diciendo este Govern, la policía nacional, la guardia civil y las ONG”, manifestó, reprochando al Gobierno que “no hace más que contradecir a los profesionales que ven lo que sucede en las islas”.
De hecho, la ONG Caminando Fronteras ha estimado en 1.000 las personas fallecidas en la costa balear, y “al delegado del Gobierno se le ha ocurrido decir que solo han contabilizado 63”.
“Para este Govern, como también han dicho policías y guardias civiles, una ya es demasiado”, porque “no podemos permitir que se siga muriendo gente en las costas de Baleares. El Mediterráneo se está convirtiendo en un auténtico cementerio”, enfatizó Pavón.
En lo que respecta a Baleares, la situación en la acogida de menores es “insostenible”, pues “con cada oleada de pateras, llegan menores y los servicios están colapsados. No hay profesionales suficientes ni instalaciones adecuadas, y lo que hace el Gobierno es obligar a Baleares a acoger a menores migrantes no acompañados de Canarias, sin tener en cuenta la situación balear”, que “actualmente”, recordó Pavón, “ya alberga a 750 menores migrantes no acompañados, 300 de ellos de origen argelino”. Por ello, Pavón ha vuelto a pedir al Gobierno que “excluya a Baleares del reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias”.
Finalmente, preguntado por los medios sobre la medida “más necesaria y urgente” que debería implementar el Gobierno español para paliar la crisis migratoria en Baleares, el director general recordó que lo primero que pide este Govern es ser “escuchado” y que “se escuche a los profesionales que trabajan en este ámbito”, porque “si todo el mundo denuncia una situación, es que algo pasa y hay que afrontar la realidad y actuar”.
“Ocultar la realidad sirve de poco o nada”, recalcó Pavón, apuntando que “la tendencia es clara”. “Mientras que en 2016 llegaron 20 personas de manera irregular a la costa balear, el año pasado fueron más de 7.000”. “Los datos hablan por sí solos”, insistió, instando al Gobierno español a “adoptar medidas internacionales, como políticas internacionales con los países de origen, o a desplegar a Frontex”.
“El Govern regional lleva tiempo pidiendo el despliegue de Frontex, y por mucho que diga el delegado del Gobierno que Frontex está operando en Baleares, esto no parece cierto. De hecho, la propia agencia europea lo ha desmentido en un comunicado”, recordó, añadiendo que el Govern ya ha solicitado que “si Frontex está trabajando en Baleares, se le faciliten los registros de vuelo”, información que “hasta el momento no se ha proporcionado”.
“Asimismo”, el Govern regional ya ha pedido al Ejecutivo que “escuche a los policías y guardias civiles que reclaman más recursos materiales” y que se quejan de que su situación es “insostenible”, de que “no tienen capacidad para afrontar las oleadas de pateras que llegan a las islas”; que “tome medidas y políticas internacionales en materia de inmigración”, que “se aliníe con Europa, pues existe un pacto de migración y asilo a nivel europeo al que España fue el único país en votar en contra”; y que “afronte la realidad”.