La Playa de Palma, complejo turístico de gran popularidad entre el público alemán, contará con un total de veintiuna cámaras dotadas de un sistema de inteligencia artificial que detectará automáticamente situaciones potencialmente conflictivas, aglomeraciones, comportamientos anómalos, objetos abandonados o actos de vandalismo.
Este miércoles, la junta de gobierno municipal aprobó el contrato para once nuevas cámaras de videovigilancia, que se sumarán a las diez ya instaladas en la zona turística. Según la portavoz del ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, la adquisición de estos nuevos dispositivos tendrá un coste aproximado de 90.000 euros y serán financiados con fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).
Los once nuevos equipos vendrán equipados con un sistema de inteligencia artificial capaz de identificar de forma autónoma situaciones de riesgo, concentraciones de personas, conductas fuera de lo normal, objetos abandonados o actos vandálicos. Permanecerán operativos las 24 horas del día, los siete días de la semana. “Cubrirán puntos críticos de la primera y segunda línea de playa y las zonas de mayor afluencia”, explicó Celeste en rueda de prensa.
El contrato incluye el sistema de grabación de imágenes, la licencia de análisis de video y el servicio completo de instalación y puesta en marcha.
Esta medida, subrayó la concejala, se enmarca dentro del plan de inversiones en seguridad para la Playa de Palma, bajo cuyo paraguas se han adquirido, por ejemplo, nuevos vehículos y drones para la policía local. La Junta de Gobierno también ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para proyectos de sensibilización, promoción de los derechos humanos y convivencia intercultural para los años 2026 y 2027.
Estas ayudas, que se implantaron por primer vez el año pasado, pretenden reforzar el apoyo institucional a las asociaciones de inmigrantes residentes en Palma, consulados y entidades que trabajan en favor de la convivencia y la integración. Esta nueva convocatoria dispondrá de un presupuesto de 1.250.000 euros, lo que supone un incremento del 25% en la financiación, y se distribuirá en dos líneas diferenciadas.
La primera, dedicada a sensibilización y derechos humanos, aumentará de 80.000 a 90.000 euros y está abierta a ONG y asociaciones sin ánimo de lucro del tercer sector. La segunda, para participación e interculturalidad, incrementa su dotación de 20.000 a 35.000 euros y podrán optar a ella asociaciones de inmigrantes o entidades que promuevan actividades para prevenir comportamientos discriminatorios, racistas o xenófobos. La cantidad máxima por proyecto se eleva de 5.000 a 6.000 euros. Asimismo, se ha aprobado de forma urgente una modificación del plan estratégico de subvenciones para la participación ciudadana para el período 2025-2027.