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Los bares y restaurantes españoles tendrán que proporcionar recipientes para la comida sobrante y los supermercados venderán productos considerados ‘feos’ a partir de este jueves, según confirmaron fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a Europa Press tras la publicación de la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, este miércoles 2 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La nueva ley promueve la donación de alimentos excedentes en el sector de la distribución, obliga a los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados a tener un plan de prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos y a promover acuerdos o convenios para donar sus excedentes de comida a entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. Además, prevé sanciones por incumplimiento, con la exclusión de las microempresas de cumplir con estas obligaciones.
Se establece una lista de prioridades para el destino de los alimentos que inevitablemente se convierten en desperdicio de alimentos. Se dará prioridad a la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, incorporando la transformación de productos agrícolas o alimentos que no se han vendido pero que aún son aptos para el consumo humano en otros productos alternativos.
Para los excedentes que no se pudieron prevenir, primero se donarán alimentos y se llevará a cabo otros tipos de redistribución para el consumo humano; los alimentos se utilizarán para alimentación animal y la fabricación de alimentos para animales; se utilizarán como subproductos en otras industrias; y, como último recurso, como residuos, se reciclarán y, en particular, se utilizarán para obtener compost y digestato de alta calidad para su uso en suelos, y, cuando esto no sea posible, para la recuperación de energía a través de la producción de biogás o combustibles.
Las microempresas (menos de 10 trabajadores) y las pequeñas explotaciones agrícolas (menos de 50 trabajadores) quedan excluidas de la obligación de aplicar la ley, elaborar un plan de prevención y firmar acuerdos de donación. En cuanto a bares y restaurantes, estarán obligados a permitir que los consumidores se lleven la comida no consumida sin costo adicional, excepto en el caso de buffets libres o similares, donde la disponibilidad de comida no está limitada, y mostrar esta opción claramente y de manera visible en el establecimiento mismo, preferiblemente en el menú. Para ello, se utilizarán envases adecuados para uso alimentario, reutilizables o fácilmente reciclables.
La ley también incluye medidas específicas para empresas y entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la distribución de alimentos para la donación de alimentos aptos para el consumo humano. Estas incluyen la obligación de garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de la entrada y salida de alimentos recibidos y entregados; mantener prácticas correctas de higiene en la conservación y manipulación de alimentos bajo su control, asumiendo la gestión desde el momento en que el producto es entregado por el donante; hacer la donación sin discriminación por ningún motivo; y asignar los productos donados recibidos a personas en situaciones de vulnerabilidad.
La ley también establece una serie de medidas de buenas prácticas, tanto para la administración como para los diferentes eslabones de la cadena, para evitar el desperdicio. Por ejemplo, prevé que los establecimientos comerciales tengan líneas de venta para productos considerados ‘feos, imperfectos o antiestéticos’, o promuevan el consumo de productos de temporada, locales u orgánicos. Además, la ley fomenta la venta de productos con una fecha de caducidad próxima, de acuerdo con la jerarquía de prioridades de uso.
Según la ministra, alrededor del 20% de los alimentos en España se desperdician anualmente y de ese porcentaje el 40% ocurre en el sector minorista o en los hogares, por lo que concienciar socialmente sobre el problema es uno de los pilares de la nueva ley. En 2020, los hogares españoles tiraron 1.400 millones de kilos de alimentos (un promedio de 31 kilos por habitante) que ascienden a 250 euros por persona al año.
La Unión Europea se ha comprometido recientemente a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por parte de los consumidores y la industria en el bloque para 2030, en línea con los objetivos de la ONU. Según las Naciones Unidas, se tiran alrededor de 900 millones de toneladas de alimentos cada año. Los establecimientos podrían enfrentar multas de hasta 2.000 euros por incumplimiento. Los supermercados también podrían enfrentar multas de hasta 60.000 euros si no reducen la cantidad de alimentos que tiran.
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