“Les dan la ciudadanía para que voten”, “colapsarán la sanidad”, “podrán mudarse a otros países de la UE”. ¿Hay algo de cierto en las afirmaciones que rodean el plan del gobierno español de regularizar a más de 500.000 migrantes en situación irregular?
La inmigración se ha convertido en el tema central del debate en España en los últimos días, especialmente tras el anuncio gubernamental de una regularización masiva de hasta 800.000 migrantes sin papeles residentes en el país.
El gobierno de izquierdas de Sánchez ha aprobado un decreto que otorgará a al menos 500.000 migrantes irregulares el derecho a trabajar y residir en el país. No obstante, según el think-tank Funcas, alrededor de 840.000 migrantes en situación irregular vivían en España a principios de enero de 2025.
La medida ha suscitado una notable reacción en la derecha española. Los partidos de la oposición han calificado la iniciativa como un intento de inflar el censo electoral en favor del PSOE, y una retahíla de acusaciones y desinformación se ha propagado en redes sociales tras el anuncio.
A continuación, se desmienten algunos de los principales bulos.
Los migrantes regularizados podrán votar en elecciones generales españolas
No, no podrán. Este ha sido un argumento recurrente entre los detractores de la medida, desde la oposición parlamentaria hasta comentaristas en la página de Facebook de The Local, y es falso.
La derecha española ha acusado al gobierno de Sánchez de conceder residencia temporal a migrantes irregulares para reforzar su electorado y asegurar la victoria del PSOE en los próximos comicios.
Pero carece de lógica. Ningún inmigrante que se beneficie de esta regularización masiva podrá votar en las elecciones generales de 2027, ya que solo los ciudadanos españoles tienen ese derecho.
Algunos extranjeros residentes en España sí pueden votar en municipales. Sin embargo, las vías para obtener la ciudadanía, requisito indispensable para votar en generales, pueden llevar hasta diez años.
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Obtendrán la plena condición y derechos de ciudadano de la UE
De nuevo, incorrecto. Los migrantes que se acojan a la regularización no obtendrán la plena condición jurídica europea ni podrán trasladarse a cualquier Estado miembro para trabajar o vivir.
La medida sí les permite visitar países del espacio Schengen en las mismas condiciones que quienes poseen un visado de turista o estudios, pero la regularización solo concede una residencia de corta duración en España.
Según el texto provisional, aún en fase de consulta, los irregulares que sean regularizados obtendrán una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, con una validez inicial de un año (o cinco en caso de familias con menores), que les permitirá “residir y trabajar por cuenta ajena o propia en cualquier lugar del territorio español”.
El derecho a circular o trabajar en otro país de la Unión Europea está reservado a los ciudadanos de los Estados miembros, no a residentes temporales.
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La mayoría serán migrantes africanos que llegaron en patera
Como ya informó The Local, gran parte de la desinformación que circula en redes sugiere que esta amnistía beneficiará principalmente a migrantes africanos que arribaron a España en embarcaciones.
En realidad, este grupo constituye una proporción mínima de los beneficiarios.
La inmensa mayoría de los migrantes sin papeles afectados por la regularización son latinoamericanos. Los datos de Funcas indican que un 70% de los irregulares en España proceden de países sudamericanos, mientras que Centroamérica y el Caribe suponen alrededor de un 17%.
Solo un 5% proviene de países africanos, y el 7% restante llega de Europa, el resto de América, Asia y Oceanía.
Esto significa que la gran mayoría son hispanohablantes, culturalmente afines y, a menudo, con vínculos familiares o ascendencia en España.
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Creará un ‘efecto llamada’ hacia España
Los críticos aseguran que la decisión tendrá un ‘efecto llamada’ que incentivará la entrada ilegal de más inmigrantes. Esto carecería de sentido, pues uno de los requisitos clave para acceder a la regularización es haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025, por lo que quienes ingresen después no serán elegibles.
En resumen: esta regularización se ofrece por un periodo limitado a migrantes que puedan acreditar que ya residen en España.
Por otra parte, las regularizaciones masivas no son nada nuevo.
Ya se han realizado varias veces a lo largo de las décadas, incluso por el Partido Popular (que ahora critica al gobierno de Sánchez por hacer lo mismo) cuando estuvo en el poder. Ejemplo de ello es el expresidente José María Aznar, quien en 2000 y 2001 permitió regularizar su situación a 503.000 migrantes.
No hay pruebas sólidas de un ‘efecto llamada’ tras ninguna de las anteriores regularizaciones. La última ocurrió en 2005, con José Luis Zapatero como presidente, y no se evidenció ningún factor de atracción, según expertos.
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Los migrantes beneficiados podrán obtener la nacionalidad sin certificado de penales
También es falso. Los opositores han afirmado que los migrantes irregulares “podrán obtener la nacionalidad sin certificado de antecedentes penales” tras beneficiarse de la regularización.
Conviene reiterar que quienes sean regularizados no obtendrán la nacionalidad, pues son trámites distintos, aunque para la nacionalidad sí es necesario estar en situación regular y acreditar carencia de antecedentes, entre otros requisitos.
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La regularización colapsará el sistema sanitario
Algunos críticos también sostienen que la llegada masiva de migrantes podría colapsar la sanidad.
Sin embargo, datos del Ministerio de Sanidad indican que solo un 11% de las consultas médicas realizadas en el sistema nacional de salud corresponden a personas nacidas en el extranjero, pese a que este grupo representa una parte significativa de la población activa.
Los datos de regularizaciones previas muestran que los migrantes contribuyen más a las arcas públicas de lo que reciben en prestaciones.
Tomando el ejemplo de la regularización de 2005, las cotizaciones de las aproximadamente 600.000 personas que regularizaron su situación incrementaron la afiliación a la Seguridad Social e hincharon las arcas públicas. Un estudio publicado en 2021 por investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) concluyó que cada inmigrante regularizado contribuyó con entre 4.000 y 5.000 euros anuales solo en impuestos sobre la renta.
“La regularización de 2005 tuvo un efecto claramente positivo. Aplicando los mismos criterios que entonces, la regularización aportará una contribución similar a las arcas del Estado, aunque depende de cómo se aplique”, señala Joan Monrás, profesor de Economía y uno de los autores del informe.
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