Un tribunal de Berlín ha resuelto un litigio entre dos empresarios alemanes, uno de los cuales figura entre las personas más acaudaladas del mundo, sobre la venta de una mansión en Calviá valorada en veinte millones de euros. El pleito, sustanciado en Berlín, giraba en torno a un contrato de opción de compra sobre la propiedad de lujo. Este contrato fue firmado en Madrid y estaba expresamente sometido a la legislación española.
El monto en disputa equivalía al valor final de transmisión del inmueble, fijado en veinte millones de euros. Tanto el comprador como el vendedor residían en Alemania, y la propiedad se consideraba una segunda vivienda para uso vacacional. Ambas partes habían acordado expresamente la jurisdicción de los tribunales berlineses para resolver cualquier controversia derivada del contrato.
Inicialmente, el comprador firmó un contrato de arras y pagó un millón de euros para garantizar la transacción. El precio de venta se había establecido en dieciséis millones, pero el mercado mallorquín se disparó y el propietario consideró que podía venderla por mucho más.
Por ello, devolvió el doble de la señal y recuperó el control de la mansión, que volvió a poner en el mercado por veinte millones. El primer comprador, sintiéndose estafado, acudió entonces a los tribunales de Berlín para recuperar la propiedad.
La jueza que presidía el caso citó la semana pasada como perito al letrado mallorquín Pedro Munar, especialista en derecho inmobiliario. Su testimonio se centro en explicar la lógica interna del derecho civil español y la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El núcleo del asunto radicaba en la figura de las arras, una práctica común en las transacciones inmobiliarias españolas pero prácticamente desconocida en el ordenamiento jurídico alemán. Las actuaciones dejaron en evidencia la dificultad de los tribunales alemanes para comprender cómo se compran y venden propiedades en Mallorca mediante contratos privados, cómo se pueden transmitir posiciones contractuales sin inscripción inmediata, o cómo ciertas cuestiones, como la ocupación ilegal, pueden producir efectos jurídicos.
Tras escuchar a las partes y al perito, la jueza falló a favor del propietario del inmueble. Cuando Munar explicó que el Código Civil español reconoce plena validez al consentimiento verbal y que un apretón de manos puede perfeccionar un contrato, la magistrada alemana comentó que “si así funciona, los abogados españoles deben tener mucho trabajo”.
Un perito alemán observó: “Todo esto choca frontalmente con una cultura jurídica mucho más escrita, formal y preventiva, como lo es la alemana.”