La Federación de Pequeñas y Medianas Empresas de Mallorca (Pimem), la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) y la Asociación de Pequeños y Medianos Comercios de Mallorca (Pimeco) han exigido medidas para evitar el “colapso” del comercio tradicional en la isla a causa del alza en los precios de los alquileres.
En un comunicado difundido por Pimem, las tres organizaciones alertaron de que, según datos publicados en marzo pasado por la Agencia Tributaria, las Islas Baleares son la comunidad donde se pagan los precios más elevados por los locales comerciales. La cifra asciende a 21,4 euros por metro cuadrado, seguidas de Madrid (17,68 €/m²) y Cataluña (13,23 €/m²). En el caso de las oficinas, Madrid encabeza el ranking con 17,71 €/m², por delante de Cataluña (16,80 €/m²) y las Islas Baleares (14,87 €/m²).
Según los datos citados por Pimem, la renta mediana de locales comerciales, oficinas y naves industriales ha subido un 18,6% entre 2020 y 2023 y más de un 20% en cinco años a nivel nacional. Según Uatae, en el conjunto de España, los trabajadores autónomos destinan entre el 25% y el 50% de sus ingresos netos al pago del alquiler de sus establecimientos, una carga que se ha convertido en “un peso insoportable para la viabilidad de miles de negocios”.
«Las consecuencias de esta situación aparentemente imparable se reflejan en miles de persianas cerradas: en el último año han cerrado más de 10.000 negocios en España, lo que equivale a una media de 38 al día», afirmó el presidente de UATAE en Baleares, Jeroni Valcaneras. Uatae ha insistido en que esta situación «no es coyuntural, sino estuctural».
«Llevamos años advirtiendo de que la subida de los alquileres, especialmente en zonas urbanas tensionadas, se ha convertido en una de las principales amenazas para el autonomo y el comercio de proximidad», declaró su presidente. Uatae ha reclamado «medidas urgentes para evitar el colapso de los pequeños negocios», como la regulación de las rentas comerciales en zonas bajo presión, la ampliación de las ayudas directas al alquiler, límites a la liberalización de horarios de apertura de las grandes superficies y una estrategia digital específica para el comercio local.
Para Valcaneras, se trata de «no permitir que la especulación inmobiliaria acabe con el autónomo». «Las políticas públicas deben poner en el centro a las pequeñas empresas, con regulación, apoyo y herramientas para evitar que desaparezcan», sostuvo. La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, considera que lo que necesitan las pymes es «estabilidad» y no una «intervención rígida del mercado».
«Apuestamos por contratos de al menos cinco años que den seguridad a ambas partes. A la hora de renovaciones o cese de actividad, hay que primar a quien ya está», enfatizó. La asociación consideró también «imprescindible» que los propietarios no puedan incluir «cláusulas abusivas» o de «renovación preferente» para quien cumpla, dando oportunidades a quien ya está y, si no es posible, priorizando comercios icónicos que realicen la misma actividad.
Domingo destacó además la necesidad de crear incentivos fiscales para los «propietarios responsables» que apuesten por el comercio local. La asociación de restauración de Pimem, por su parte, arguyó que más allá del alto precio de los alquileres, el peligro para la viabilidad del negocio «llega a la hora de renovar el contrato». «Las subidas que aplican ciertos caseros van más allá del IPC; hablamos de incrementos que imposibilitan la continuidad de los restaurantes», declaró el presidente de la asociación, César Amable.
Según Amable, «la preocupación entre los restauradores ha llegado a tal punto que buscan local dos o tres años antes de que finalice su contrato por temor, y en muchos casos con certeza, de que la subida será inasumible».