El pasado lunes, el partido socialista de oposición PSIB-PSOE exigió al Govern balear que actuase de «manera inmedita» para hacer frente a la alerta por sequía en el Pla de Mallorca, el corazón rural de la isla.
En rueda de prensa, tras mantener un encuentro con alcaldes, portavoces municipales y secretarios generales de Mallorca para analizar la situación de sequía que afecta al Pla, el diputado portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, criticó al Ejecutivo autonómico no solo por su «inacción» ante un problema que «afecta directamente a la calidad de vida de la ciudadanía», sino también por su «estra-tegia de silenciar situaciones reales y existentes que se están produciendo hoy, especialmente en la Mancomunitat del Pla, pero que» —consideró— «se extienden a gran parte de la isla de Mallorca y del conujnto de Baleares».
Pons señaló que, únicamente con la información hecha pública por el gobierno, la Mancomunitat del Pla de Mallorca se encuentra en alerta por sequía. No obstante, según el socialista, «habría que añadir que incluso los propios expertos del gobierno, en su comité técnico, la califican ya de situación de emergencia», lo cual «obliga y obligaría al gobierno a tomar decisiones urgentes sin mirar a otro lado».
«Por el contrario» —lamentó el diputado portavoz—, «la estratégia del gobierno ha sido silenciar esta información y no trasladarla a la ciudadanía, eludiendo así adoptar decisiones urgentes que permitirían preservar parte de los acuíferos, tanto mediante la reducción del consumo como con la ejecución de determinadas infraestructuras».
Pons acusó al conseller de Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, de «mirar a otro lado y eludir cualquier tipo de debate». Por ello, el PSIB-PSOE ha exigido al gobierno que actúe «de manera inmediata, en coordinación con la Mancomunitat del Pla», para que «se adopten las medidas aprobadas tanto por el decreto de sequía de 2017 a nivel del Govern como por el plan de sequía aprobado por la Mancomunitat del Pla».
Lo primero que demandó el diputado portavoz al conseller fue «transparencia» y que «no silencie a los expertos y sea coherente con la información que estos proporcionan». Para los socialistas, esto implica adoptar medidas, entre las cuales exigen la suspensión de cualquier desarrollo urbanístico que incremente el consumo de agua de modo incompatible con la situación de sequía, así como la declaración de emergencia en la tramitación de proyectos que agilicen al máximo la construcción de infraestructuras hídricas.
Además, los socialistas reclaman un aumento de la tasa de saneamiento para los grandes consumidores; un plan de inversión específico; un programa de lucha contra los pozos ilegales; que se paralice cualquier autorización de nuevos sondeos en toda la comunidad; y que el Gobierno se haga cargo del transporte de camiones cisterna a los distintos municipios afectados por la sequía. Asimismo, el diputado portavoz anunció que el lunes se registró en el Parlamento una petición para que Lafuente comparezca ante la Diputación Permanente para informar «inmediatamente» sobre los informes del Comité de Sequía y explicar las medidas que piensa tomar.
Marc Pons compareció acompañado por la secretaria general de los Socialistas de Mallorca, Amanda Fernández, y el secretario de Política Municipal del PSIB-PSOE y alcalde de Santa Eugènia, Pep Lluís Urraca. Por su parte, Fernández advirtió de que «mientras Mallorca se muere de sed, el PP sigue cruzada de brazos, sin afrontar el problema de la escasez de agua y agravándolo».
En palabras de Fernández, «un ejemplo de ello es la amnistía urbanística en suelo rural aprobada por el gobierno de la presidenta Marga Prohens, que ha permitido legalizar vilas y piscinas que aumentan el consumo hídrico y envían el peligroso mensaje de que se puede construir porque cuando el PP llegue al poder, lo legalizará».
Otro factor que, según la socialista, agrava el problema es «la liberalización de la construcción en suelo rural impulsada por el Govern», lo cual «supone una destrucción del territorio sin precedentes, abriendo la puerta a grandes operaciones urbanísticas que benefician a unos pocos promotores y suponen una mayor urbanización de Mallorca, con el consecuente aumento de la presión humana y del déficit hídrico».
A ello se suma —señaló Fernández— «la falta de medidas para frenar el turismo de masas, con nuevas plazas turísticas que se pueden comprar y la creación de un mercado de alquiler turístico, que incrementa notablemente el consumo de agua». Por ello, «y teniendo en cuenta que el acuerdo entre la presidenta Prohens y Vox ignora y niega las consecuencias del cambio climático», Fernández ha exigido al Govern «que no se quede en la inacción, sino que actúe y cumpla su palabra incrementando la tasa de saneamiento y el Impuesto de Turismo Sostenible para destinar más recursos a las políticas del agua».
Finalmente, el secretario de Política Municipal del PSIB-PSOE y alcalde de Santa Eugènia, Pep Lluís Urraca, afirmó que «la solución a la falta de agua en el Pla de Mallorca pasa por construir la red de alta para poder conectarse al agua proveniente de las desaladoras», tal y como exigen todos los alcaldes de la zona, al margen de su color político, pero «no hay ningún proyecto por parte del Govern».
Urraca afirmó que es una pena que «a un ciudadano del Pla le cueste entender que se puedan imponer eventuales restricciones de agua aquí, pero no a veinte kilómetros de distancia», y por ello reclamó «medidas excepcionales y que el Govern dé un paso al frente, aprovechando la hoja de ruta marcada por el anterior gobierno progresista».
El secretario de Política Municipal añadió que el Pla de Mallorca no es ajeno al crecimiento poblacional. Solo en Santa Eugènia, la presión demográfica ha crecido un 33% en cuatro años, y «esto es un aumento del consumo de agua extrapolable a todos los municipios, y si no hay una respuesta inmediata, el agua será uno de los grandes problemas».
Al encuentro para analizar la situación de sequía del Pla asistieron también la secretaria de Coordinación y Relaciones Políticas del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, el secretario de Movilidad y Territorio, Jaume Mateu, y la secretaria insular de Transición Ecológica y Movilidad, Gracia González, entre otros.