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El gobierno regional de las Islas Baleares se ha manifestado en contra de las llamadas de las Islas Canarias para pedir ayuda a la UE para restringir a los extranjeros la compra de viviendas, a pesar de que ambos archipiélagos sufren crisis de turismo masivo y de mercado inmobiliario.
Las autoridades regionales de las Islas Baleares se han manifestado en contra de las propuestas de restricción a los extranjeros como medio para frenar el aumento de los alquileres y los precios de la vivienda.
Esto sigue a la noticia de que el gobierno de las Islas Canarias ha solicitado formalmente medidas a la UE para limitar la compra de viviendas en el archipiélago español por parte de extranjeros.
También ha habido propuestas del Primer Ministro de España, Pedro Sánchez, de cobrar un impuesto del 100 por ciento a los compradores de viviendas no residentes de la UE o prohibirles por completo la compra de viviendas en España si no tienen vínculos con el país, así como una petición para obligar a los residentes temporales a solicitar el derecho de compra, una propuesta que ya ha sido rechazada en el Congreso.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, el precio medio de las propiedades en las Baleares ha aumentado un 30 por ciento en los últimos cinco años, mientras que el alquiler ha aumentado un 40 por ciento.
Sin embargo, la Directora de Relaciones Institucionales y Asuntos Parlamentarios de las Islas Baleares, Francisca Ramis, afirmó recientemente que está en contra de restringir la compra de viviendas por parte de extranjeros porque viola el libre mercado, desatiende los derechos fundamentales y contradice las normas de la UE.
Esta idea fue propuesta por primera vez por el gobierno de las Islas Canarias en el último día de la Asamblea General de la Comisión de Islas de la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas de Europa, celebrada en La Palma.
Ramis señaló que las restricciones propuestas por el Gobierno de Canarias “no es una solución” para su región, que también sufre las consecuencias del turismo masivo, pero para la cual las autoridades regionales y locales han adoptado diversas medidas a lo largo de los años, como un impuesto turístico, restricciones a los vehículos de alquiler y a los cruceros en puertos, e incluso una reducción en el número de plazas turísticas en Mallorca.
“Tenemos que recordar que somos europeos y que no podemos ir en contra de las regulaciones establecidas por la Unión Europea”, dijo, reconociendo que las Islas Baleares, al igual que las Canarias, sufren de escasez de vivienda y turismo masivo, pero añadió que “tenemos que convivir con ello”.
Para abordar la escasez de viviendas, señaló que se han aprobado reformas recientes, principalmente para simplificar los trámites administrativos, para permitir la construcción de más viviendas, y destacó, por ejemplo, que se han convertido locales en viviendas en planta baja.
Esto se produce después de que el gobierno canario anunciara recientemente que por primera vez solicitaría formalmente medidas a la UE que limiten la compra de viviendas en el archipiélago español por parte de extranjeros y no residentes.
La idea de imponer restricciones a los extranjeros para comprar propiedades en el archipiélago atlántico se ha estado barajando desde al menos 2022, cuando el partido político nacionalista canario Nueva Canarias pidió al gobierno regional abordar el gran número de compras de propiedades por parte de no residentes en el archipiélago.
Esta es, sin embargo, la primera vez que el gobierno regional de Canarias, liderado por el partido político local Coalición Canaria, ha decidido llevar el asunto a Bruselas.
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