Parece que por fin ha caído la ficha o los políticos ya no temen admitir que los últimos dos años de protestas anti-turismo no han sido bien recibidos por los mercados internacionales ni por los visitantes.
Y hoy, jueves, el Parlamento Balear, con el apoyo de todos los grupos políticos excepto MÉS per Mallorca, ha condenado todos los actos ‘violentos’ contra el turismo, especialmente los actos de ‘vandalismo’ como la quema de fotografías frente a la Consejería de Turismo de Baleares en Palma por parte de activistas de Arran el pasado julio.
Esto fué aprobado en la reunión de la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social celebrada el jueves tras una propuesta no de ley (PNL) defendida por la diputada del Partido Popular María Salomé Cabrera. La iniciativa, que recibió 12 votos a favor y uno en contra, ‘condena enérgicamente todos los actos violentos contra el turismo, y en particular los actos vandálicos y la quema de fotografías que incitan al odio llevados a cabo en julio por el colectivo Arran’.
Los activistas, según reza el texto, realizaron ‘pintadas contra el turismo en el edificio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, lo que además constituye un daño a un Bien de Interés Cultural’.
‘Se trata de agresiones que van en contra de nuestro principal sector económico, que socavan la confianza de nuestros visitantes y la imagen de nuestro destino turístico, y ataques que van en contra de la convivencia pacífica y las libertades. Es esencial exigir respeto y responsabilidad ante las diferencias de opinión, que no deben defenderse con violencia o intimidación’, concluye el texto defendido por el PP.
Bajo el lema ‘El turismo nos empobrece, el gobierno nos persigue’, Arran manifestó en su momento que la crítica al Gobierno balear responde al papel que éste y los gobiernos anteriores, incluidos los de izquierdas, han desempeñado en la turistificación de Mallorca.
Sostienen que la calidad de vida de las personas ha sucumbido ante los intereses de la industria turística y que un modelo económico de monocultivo basado en el turismo solo genera «miseria» para la clase trabajadora. Se dirige una dura crítica a la condena oficial de unas pintadas que apuntaban directamente al gobierno, mientras este mismo gobierno ignoraba otras protestas. «Su objetivo no es proteger la consejería de turismo, sino silenciar un mensaje que los señala como culpables de nuestra precariedad».
El grupo socialista intentó sin éxito añadir, mediante una enmienda, un punto que buscaba que el Parlamento reconociera que ‘a pesar del amplio consenso social sobre la necesidad de actuar ante la saturación turística’, el gobierno ‘no ha promovido aún ninguna vía real o efectiva para limitar el crecimiento turístico, reducir la presión sobre el territorio o mejorar la calidad de vida de los residentes’.