El Gobierno de España busca la manera de forzar a las Baleares y a otras regiones que se han declarado “rebeldes” a que declaren zonas tensionadas y establezcan topes a los incrementos de alquiler en sus respectivos territorios. De no hacerlo, las Baleares serán penalizadas con una menor aportación de ayudas del Ministerio de Vivienda para la construcción en los próximos años, según el borrador del Plan de Vivienda 2026-2030 presentado a las comunidades por la ministra Isabel Rodríguez. El Gobierno balear ya ha presentado alegaciones en contra, pues, a su juicio, esta medida socaba la autonomía de la comunidad y pone en tela de juicio sus competencias en materia de vivienda.
El choque es inevitable y las dos administraciones, junto con el resto de comunidades autónomas, planean mantener una reunión de trabajo, posiblemente esta semana, para esbozar sus posturas ante esta propuesta. El plan presentado por el Gobierno a las comunidades estipula que la declaración de zona tensionada y la limitación de precios de alquiler serán la clave para acceder a la financiación destinada a la construcción de viviendas. Si una comunidad autónoma se niega a declararse zona de alta presión, recibirá menos ayudas para fomentar tanto la vivienda en propiedad como en alquiler, lo que supondría un recorte de aproximadamente un 20%, según estimaciones iniciales.
El plan prevé movilizar hasta 7.000 millones de euros para la construcción de viviendas en toda España en los próximos años, pero también aquí existen discrepancias entre el Gobierno autonómico y el estatal. En planes anteriores, el Gobierno financiaba el 70% del coste total del plan, correspondiendo a las comunidades el 30% restante. Según la nueva propuesta, el Gobierno aportará el 60% de los recursos y las comunidades financiarán el 40% restante. El Gobierno balear también ha presentado alegaciones para modificar estos porcentajes y recuperar los tramos que se han venido firmando hasta la fecha.
El Gobierno autonómico ha resistido a declarar las Baleares como zona tensionada a pesar de que los alquileres se encuentran entre los más elevados de España, en torno a los 17 euros por metro cuadrado, y de que los precios de la vivienda se han disparado, con un precio por metro cuadrado superior a los 4.000 euros, según datos facilitados la semana pasada por la Asociación de Registradores. La medida ha funcionado en Barcelona, una de las primeras ciudades donde se implementó, con una caída de aproximadamente un 4%.
No obstante, al mismo tiempo, parte del mercado de vivienda residencial ha migrado hacia el mercado estacional, provocando una caída de la oferta. Esta es la justificación del Govern para no declarar zonas de tensión en las islas. El Ejecutivo autonómico confía en que el Gobierno nacional recapacite y no penalice a las Baleares con menos ayudas. Junto con Madrid, es actualmente la comunidad con la vivienda más cara de España. La hipoteca media firmada en las islas asciende actualmente a 1.408 euros mensuales; la media de España es casi la mitad, de 786,2 euros.