En la sesión del Consell de Govern de este viernes, el Gobierno balear aprobará un decreto normativo con el objetivo de evitar un aluvión de solicitudes de licencias para servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Uber.
Existe urgencia debido a que la moratoria para la concesión de dichas licencias vence el domingo. En ese caso, habría que tramitar alrededor de 10.000 peticiones, que son los permisos que necesitan Uber y otras plataformas análogas para operar.
El conseller de Movilidad, José Luis Mateo, señaló el martes en el Parlamento que las islas no tienen capacidad para absorber tal volumen de autorizaciones. Sin embargo, no concretó cómo piensa el Ejecutivo implantar el mecanismo que frene la entrada masiva de estos servicios en el archipiélago. Esta es la principal incógnita jurídica tras las sentencias que han anulado limitaciones previamente establecidas.
El último borrador de la norma se fundamenta en criterios como el Índice de Presión Humana, además de los niveles de contaminación atmosférica y congestión del tráfico. El sector del taxi, por su parte, ha tachado estas medidas de confusas.
El Consejo Consultivo, órgano asesor del Gobierno y de la Administración en materia jurídica, ya ha emitido su dictamen y ha advertido del riesgo de fijar cupos y ratios, pues podrían contravenir la jurisprudencia existente. Asimismo, el Consejo ha observado que la redacción actual podría generar graves dificultades de aplicación.
La nueva normativa también afectará al sector del taxi. Sus representantes alegan que esta no los protege adecuadamente y los somete, en cambio, a requisitos más estrictos que a los servicios VTC.