El Ayuntamiento de Palma ha levantado la moratoria de multas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), lo que significa que los vehículos con etiqueta A serán sancionados por acceder a dicha zona a partir del 1 de julio. Así lo anunció el concejal de Movilidad, Toni Deudero, en una rueda de prensa el miércoles, donde explicó que la decisión de eliminar la moratoria, que debía concluir a finales de este año, se tomó tras comprobar que los vehículos sin etiqueta representaban el 1,8% del total que circuló en la zona durante el primer semestre.
“Entendemos que los ciudadanos de Palma y residentes en Mallorca ya eran plenamente conscientes de la vigencia de la ZBE y, por tanto, el período de concienciación de seis meses ha sido suficiente”, señaló. Deudero también destacó que el Gobierno central prepara un real decreto que busca precisamente eliminar los períodos sin sanción y, para adelantarse, el Consistorio ha optado por iniciar las multas este julio.
Los vehículos sin distintivo ambiental no podrán entrar en la ZBE desde el 1 de julio. En cambio, aquellos con etiquetas B, C, ECO y Cero Emisiones, así como todas las motos, sí tendrán acceso sin restricciones. Las multas ascenderán a 200 euros. La primera fase sancionadora, dirigida a vehículos sin etiqueta, está vigente desde el 1 de enero y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027, se incluirán los de etiqueta B, y desde 2030 también se restringirá el acceso a los vehículos con etiqueta.
El concejal aclaró que no es obligatorio lucir el distintivo en el vehículo para entrar en la ZBE —aunque sí recomendable—, ya que el sistema verifica la matrícula. La ordenanza regula además un itinerario sanitario donde se permitirá el acceso a todos los usuarios de centros públicos y privados, independientemente de su etiqueta: el área que engloba el Hospital General, Clínica Rotger, Mutua Balear y el Ambulatorio del Carmen.
Existen otras excepciones: vehículos de residentes empadronados dentro de la ZBE, vehículos para personas con movilidad reducida, concesionarios de servicios públicos, personal de administraciones, emergencias, transporte público, mercancías y trabajadores de centros sanitarios.