Tras la reciente demolición de dos emblemáticos restaurantes, Jaime Playa y Miramar, se ha presentado una nueva denuncia que acusa a dos altos cargos del Departamento Costero de Alicante de prevaricación.
Un grupo de vecinos y empresarios de la Playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, libra lo que podría ser su última batalla legal para evitar la demolición de sus viviendas y propiedades. Tras el derribo de los dos locales mencionados, la denuncia interpuesta podría suponer un salvavidas para las más de 60 propiedades aún amenazadas.
Los imputados son Rosa de los Ríos, actual responsable de la Autoridad Costera de Alicante, y su antecesor, Ángel Muñoz Cubillo. El dueño de uno de los restaurantes demolidos alega que ambos emitieron una resolución injusta al iniciar un proceso de recuperación de posesión pese a las protecciones legales vigentes.
Según los demandantes, el Reglamento de Costas de 1989 convirtió las autorizaciones permanentes en concesiones de 30 años desde la Ley de Costas de 1988, con prórroga automática hasta 2048. Este fundamento jurídico sostiene que las concesiones –incluidas las de propiedades como el Restaurante Jaime– seguían vigentes y debían evitar los derribos. Además, la denuncia afirma que los funcionarios sabían que actuar contra inmuebles registrados era ilegal.
El abogado Joaquín Galant sostiene que la Autoridad Costera actuó de manera prematura e ilegítima, adelantando las demoliciones sin esperar a una confirmación judicial sobre la validez de las concesiones. Destaca el caso de María Teresa Ríos, a quien se negó la licencia para el Restaurante Jaime pese a saberse que el terreno contaba con una concesión renovada.
Las propiedades afectadas se ubican en terrenos públicos costeros, cerca del inicio de la Avda. Ingeniero Codorniu. Estas medidas forman parte de un plan del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) para eliminar construcciones no autorizadas en la playa, alegando carencia de derechos de propiedad pública. En septiembre están previstas más de 60 demoliciones adicionales, afectando unos 600 metros de frente marítimo.
Los residentes alegan que sus viviendas fueron construidas con apoyo gubernamental como defensa contra la erosión y que cuentan con concesiones legales. Insisten en que los derribos violan las prórrogas vigentes y que las autoridades actuaron sabiendo su posible ilegalidad.
El caso está ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Alicante, que decidirá si reabre la causa por prevaricación. Un fallo favorable a los vecinos podría paralizar más demoliciones e impulsar una investigación por mala praxis de la Autoridad Costera.
"Para los vecinos de Playa Babilonia, este recurro podría ser su última oportunidad para frenar los derribos y conservar el hogar y la comunidad que han construido por generaciones."