La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España a raíz de la sanción de 179 millones de euros impuesta a varias aerolíneas de bajo coste por cobrar a los pasajeros suplementos por el equipaje de mano y la reserva de asientos.
Se confirmó este miércoles que el organismo de Bruselas ha abierto este expediente, alegando que la Ley de Navegación Aérea española, que restringe la libertad de las compañías para fijar precios, es incompatible con las directivas de la Unión Europea.
La multa en el centro de la disputa fue impuesta hace casi un año a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea.
El gobierno español acusó a estas aerolíneas de abusar de los pasajeros al exigir recargos por llevar maletas de cabina o por reservar asientos adyacentes para que personas dependientes pudieran sentarse con sus cuidadores.
No obstante, Bruselas sostiene que la ley en la que se basa la sanción es incompatible con las normas de competencia de la UE, las cuales otorgan a las aerolíneas el derecho a establecer su propia política comercial de precios.
La Comisión ha enviado ahora a Madrid una ‘carta de emplazamiento’ – la primera fase de un procedimiento de infracción en tres etapas. Concede a las autoridades españolas un plazo de dos meses para explicar su postura y responder a las preocupaciones planteadas por los funcionarios europeos.
Si España se niega a ceder, Bruselas podría pasar a la segunda etapa emitiendo un ‘dictamen motivado’, estableciendo de nuevo un plazo para el cumplimiento. De persistir el impasse, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, donde España se enfrentaría a una sentencia vinculante y a posibles sanciones.
Este caso subraya la pugna de larga duración entre España y las aerolíneas de bajo coste, especialmente Ryanair, en torno a los límites de los derechos de los pasajeros y las tasas aeroportuarias.
Las asociaciones de consumidores en España acogieron con satisfacción el intento del gobierno de poner freno a lo que consideran prácticas abusivas, mientras que las aerolíneas insisten en que deben mantenerse libres para diseñar estructuras de precios que mantengan las tarifas básicas bajas.
Con Bruselas y Madrid ahora en rumbo de colisión, el futuro de la sanción española de 179 millones de euros dependerá de si los tribunales europeos se decantan por la protección al consumidor o por el compromiso del mercado único con la libre fijación de precios.