Pese a que, segun los informes, los centros estaban listos para su uso, permanecen clausurados. El ayuntamiento se ha comprometido a desembolsar 58.080 euros en un periodo de dos años, con la opción de extender el contrato de alquiler por tres años adicionales.
Las dos instalaciones destinadas a albergar el Centro Cívico Polivalente de Entrenaranjos, en Orihuela, continúan vacías y sin utilidad alguna, a pesar de que fueron alquiladas hace casi dos años, en septiembre de 2023. Desde la firma del contrato, el Ayuntamiento ha abonado más de 58.000 euros en concepto de alquiler. Tras la expiración del contrato el pasado mes de septiembre, el gobierno local lo renovó por un año más con un coste mensual de 2.485 euros; no obstante, los inmuebles siguen sin abrir al público.
Ya en enero, el PSOE planteó una cuestión al respecto durante un pleno, subrayando que los locales seguían cerrados a pesar del pago de un alquiler mensual de 2.420 euros. En aquel momento, la concejala de Participación Ciudadana, Anabel García (Vox), aseguró que se estaban ultimando los preparativos del espacio, que se había facturado el mobiliario y que la apertura del centro era inminente. Sin embargo, nueve meses después, la situación no ha variado. “Ni siquiera se ha formalizado el modesto contrato necesario para adquirir los muebles”, declaró el concejal socialista Isidro Grao desde la entrada del centro cívico clausurado.
“Derroche de Fondos Públicos”
“Se ha prorrogado el arrendamiento y los vecinos siguen privados de este servicio”, manifestó Grao, tildando la situación de “ejemplo palpable de la inacción del PP y Vox”. Añadió que los locales “constituyen el símbolo más evidente del abandono y el despilfarro de este gobierno”, puesto que “dos años después, aún no hay servicio ni actividad alguna; solo gastos recurrentes”.
Grao censuró al Consistorio por seguir costeando inmuebles vacíos mientras la ciudad adolece de servicios básicos, recibiendo quejas constantes de los barrios, las pedanías y la costa. También señaló que Orihuela sigue perdiendo subvenciones y abonando intereses por fondos devueltos, al tiempo que el gobierno invierte miles en inmuebles sin uso y mantiene una plantilla de asesores, superasesores y directivos cuyos elevados salarios “no se traducen en una gestión eficaz”.
Los locales fueron alquilados en septiembre de 2023 para funcionar como un Centro de Participación Ciudadana que incluiría un ambulatorio médico y oficinas de Empleo, Industria, Agricultura, Desarrollo Rural y la Agencia de Colocación, pero permanecen vacíos 25 meses después de su aprobación.
Aunque se informó que los centros estaban listos para el uso, continúan cerrados, con el ayuntamiento obligado al pago de 58.080 € durante dos años —existendo la posobilidad de una prórroga del arrendamiento por tres años más.