La derecha española afirmó este miércoles que la regularización masiva de migrantes indocumentados por parte del gobierno es un intento de inflar el censo electoral, a pesar de que los beneficiarios no podrán votar en las próximas elecciones.
La oposición española ha abrazado la teoría de que la reciente regularización general de hasta 800.000 migrantes sin papeles es una artimaña para “alterar el censo electoral” en su favor.
Esta afirmación, previamente promovida por la extrema derecha de Vox, aviva el temor a un supuesto aumento masivo del censo como resultado de la medida, algo que, presuntamente, la derecha española teme que beneficiaría a los socialistas gobernantes (PSOE). Pero no es así.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, declaró el miércoles que el gobierno de Sánchez “no tiene derecho a aumentar el censo electoral en más de 800.000 personas”, pese a que cualquier migrante irregular que se beneficie de la medida no podrá votar en los próximos comicios, ya sean municipales o las elecciones generales previstas para 2027.
Preguntas y respuestas: Cómo funcionará la regularización masiva de migrantes en España
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ido más allá y tildó la regularización de “trampa” que “podría alterar el censo electoral”.
El gobierno español aprobó recientemente un decreto que otorgará a al menos 500.000 migrantes indocumentados el derecho a trabajar y residir en el país. Según el think-tank Funcas, alrededor de 840.000 migrantes en situación irregular vivían en España a principios de enero de 2025.
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Por regla general, los inmigrantes que obtienen un permiso de residencia deben esperar cinco años antes de solicitar el derecho a voto, y solo podrán ejercerlo en elecciones municipales, y no todos, sino únicamente aquellos procedentes de países con acuerdo de reciprocidad con España.
No obstante, los migrantes de países latinoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o los judíos sefardíes pueden solicitar la nacionalidad española tras dos años de residencia, lo que les daría derecho a votar en elecciones generales, aunque el proceso suele demorarse mucho más en la práctica.
El plazo estándar para la ciudadanía española por residencia es de diez años para el resto de extranjeros.
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En un artículo en El País, la analista del PP Elsa García de Blas señala que “en cualquier caso, ninguno de los colectivos estaría en disposición de votar en 2027”, pero la medida, según fuentes populares, tiene un claro “objetivo electoral y electoralista” de cara al futuro.
Feijóo también alegó que la regularización tendrá un “efecto llamada”, algo que no se sustenta en la evidencia de varias regularizaciones masivas previas por gobiernos españoles, incluyendo las del PP. Todos los gobiernos desde la restauración de la democracia, excepto el de Rajoy, han aprobado regularizaciones masivas.
Esto incluye al presidente popular José María Aznar, quien en 2000 y 2001 permitió regularizar su situación a 503.000 migrantes.
Vinculando la regularización con las naturalizaciones en curso vía la Ley de Nietos, Feijóo añadió: “El gobierno no tiene derecho a aumentar el censo en más de dos millones de personas con la Ley de Nietos y regularizando la imigración de más de 800.000 personas”.
El líder popular también criticó que el gobierno aprobara la medida por decreto y no mediante votación, argumentando que “va contra la mayoría del Congreso y contra la política europea acordada” e instando a Sánchez a “llevarla al Congreso, para debate y votación”.
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En los últimos meses, Feijóo ha intentado presentar a su partido como la opción sensata para una migración “ordenada”, ni tan laxa como la de los socialistas ni tan antiinmigración como la de Vox.
El partido español de extrema derecha ha subido en los sondeos y le está arrebatando votos al centroderecha del Partido Popular, lo que podría explicar por qué el PP ha propuesto leyes migratorias más duras, desde un sistema de visados por puntos al estilo australiano hasta denegar la residencia permanente a migrantes sin pruebas de integración.
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