España está implementando un registro obligatorio de ADN canino en numerosos municipios, concebido para identificar a aquellos dueños negligentes que no recogen los excrementos de sus perros en la calle.
La iniciativa ya se ha puesto en marcha en varias localidades de la Costa del Sol, lo que implica que los propietarios de mascotas se enfrentan a multas superiores a 300 euros si no inscriben a sus animales en las bases de datos genéticas locales.
El sistema funciona mediante un sencillo hisopo de saliva que se recoge en el veterinario y que posteriormente se ingresa en un registro municipal creado para localizar a quienes no recogen los desechos de sus mascotas.
Una vez registrado el ADN, los dueños reciben una pequeña chapa identificativa.
Si la policía localiza excrementos en la vía pública, puede tomar una muestra, enviarla a analizar y cotejarla con la base de datos. Esto permite a los agentes identificar al responsable e imponerle la correspondiente sanción.
La medida ya está vigente en 81 municipios de toda España.
En Málaga, localidades como Fuengirola, Mijas, Benalmádena, Estepona y Torremolinos ya han aprobado o implementado el registro de ADN canino obligatorio, mientras que otras, como Marbella, aún lo están valorando.
Fuera de Andalucía, el sistema opera en municipios de la Comunidad Valenciana (como Calpe, Xàbia y Oropesa), las Islas Baleares (especialmente en Ibiza y Santa Eulalia), y en algunas zonas de Murcia y Canarias.
Las multas por no recoger los excrementos varían según el municipio, oscilando entre los 200 y los 10.000 euros.
Los ayuntamientos sostienen que este plan contribuirá a la limpieza de las calles, reducirá las quejas ciudadanas y disminuirá la propagación de bacterias asociadas a los residuos no recogidos.
La mayoría de los consistorios exigen a los propietarios que asuman el coste de la prueba de ADN, que suele rondar entre 30 y 60 euros.
No obstante, los residentes de Campello y La Nucía en Alicante —así como los de varios municipios pequeños de Extremadura y Galicia— pueden beneficiarse de descuentos durante la fase inicial de implantación del registro.
Por lo general, los perros deben estar previamente microchipados, vacunados e inscritos en el censo municipal de animales de compañía antes de su incorporación al registro de ADN.
Los cuerpos de policía local aplican la normativa con distinto grado de rigurosidad. Algunos recogen muestras aleatorias durante sus rondas, mientras que otros actúan únicamente tras recibir quejas vecinales.
La expansión de estos programas ha generado debate en varios plenos municipales: los defensores los consideran una herramienta eficaz para la salud pública, mientras que los críticos advierten de una burocracia innecesaria y un coste añadido para los propietarios.