La mansión del siglo XVIII del dictador fascista español Francisco Franco finalmente se abre al público por primera vez en seis décadas, a pesar de los intentos de los herederos del dictador por evitarlo.
Casa Cornide, en A Coruña (Galicia), era originalmente propiedad del Ayuntamiento antes de ser privatizada y entregada a la familia del dictador el primer lunes de agosto hace 63 años.
Más de seis décadas después, la familia ha sido obligada por ley a abrir sus puertas al público tras ser declarada Bien de Interés Cultural en 2021.
Ayer, unas treinta personas se congregaron frente a Casa Cornide, exigiendo que el Ayuntamiento presente la demanda anunciada por el gobierno municipal para recuperar el edificio.
Manuel Monge, presidente de la asociación organizadora del acto, considera la apertura al público una "victoria", pero señaló que los Franco lo hacen "con cuatro años de retraso".
Según El País, los Franco intentaron evadir la norma —que les obliga a permitir visitas al menos cuatro días al mes— alegando ante la Junta que la mansión era su "residencia habitual".
El gobierno autonómico rechazó la excusa por inverosímil, citando el pésimo estado de conservación del inmueble.
Ante una multa de 3.000 euros, los descendientes del dictador finalmente cedieron.
La delegación confirmó que la excusa de la familia Franco no tenía fundamento, ya que el mobiliario había desaparecido y la carcoma y la humedad campaban a sus anchas entre sus muros.
Las próximas fechas disponibles para visitar la propiedad no serán hasta enero, y los Franco solo han ofrecido los lunes por la mañana (de 9:00 a 13:00), con un límite de cinco personas por hora.
Varios visitantes de los últimos días han señalado que entre los objetos que quedan en la mansión hay una estatua del apóstol Santiago vestido de peregrino, dos capiteles medievales y un bajorrelieve.
Un portavoz de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica en A Coruña ha denunciado una "cierta complicidad" entre el gobierno autonómico y la familia Franco.
El portavoz sugirió que los retrasos en el proceso les han permitido vaciar el edificio de muebles y otros objetos "que no fueron catalogados y podrían haber sido saqueados".