La determinación de España por reducir los vínculos militares con Israel, a raíz de la devastadora guerra en Gaza, se enfrentará a obstáculos formidables dado que tecnología israelí de última generación está integrada en las Fuerzas Armadas, según expertos.
El Presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, anunció a principios de mes un paquete de medidas destinado a detener lo que calificó de “genocidio en Gaza”, incluyendo un embargo de armas.
El ejecutivo de izquierdas señaló que ya había cesado la compra y venta de armamento a Israel desde el estallido del conflicto, precipitado por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.
No obstante, Sánchez, uno de los críticos más virulentos de la ofensiva israelí, afirmó que la nueva medida “consolidaría jurídicamente” el embargo.
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Se prevé que un decreto que detalle los términos del embargo sea aprobado por el Consejo de Ministros el martes.
El gobierno izquierdista ya ha rescindido un contrato valuado en casi 700 millones de euros por lanzacohetes de diseño israelí.
Asimismo, se ha formalizado la cancelación de un acuerdo por 287 millones de euros para 168 lanzadores de misiles anticarro, que iban a ser fabricados bajo licencia de una empresa israelí.
La búsqueda de la ‘autonomía estratégica’
Pero romper toda relación con el equipamiento militar israelí es más fácil decirlo que hacerlo.
Medios españoles han revelado recientemente la existencia de una amplia gama de material militar que depende de tecnología israelí, incluyendo munición, radios para tanques de combate, vehículos blindados y lanzamisiles.
El diario El País informó de que la envejecida flota de cazas F-5 de diseño estadounidense, utilizada para entrenar pilotos, fue “modernizada” —especialmente en sus sistemas electrónicos— y mantenida por Israel Aerospace Industries.
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David Khalfa, investigador de la Fundación Jean Jaurès con sede en París, identificó “un dilema entre las necesidades militares vinculadas a la amenaza rusa… y un enfoque más político, ligado a la situación en Gaza”.
“La ventaja de los israelíes es que estas tecnologías son probadas en el campo de batalla”, notablemente las defensas antimisiles de última generación, añadió Khalfa, quien también es copresidente del think tank Atlantic Middle East Forum.
“Hay pocos países capaces de asegurar su espacio aéreo”, declaró a la AFP, señalando la “inquietud” europea tras las recientes violaciones del espacio aéreo de la OTAN por parte de Rusia en Polonia y Estonia.
Otro escollo que afronta la nueva ley es el plazo para reemplazar el equipamento pendiente de entrega pero cuyos contratos ya han sido cancelados.
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“No hay tecnologías españolas disponibles para sustituirlos. Tendremos que desarrollar, invertir en investigación y desarrollo para suplir el vacío”, explicó Félix Arteaga, especialista en defensa del Real Instituto Elcano de Madrid.
Arteaga advirtió de que si la tecnología de reemplazo fuera estadounidense, España simplemente cambiaría una dependencia por otra sin lograr la “autonomía estratégica”.
‘Un tema sensible’
La ley será difícil de redactar y debe evitar cualquier “resquicio legal” que permita a la oposición conservadora dar marcha atrás en caso de alcanzar el poder, agregó Arteaga.
El decreto debe “satisfacer” a los demás partidos y “proporcionar tiempo para que los contratos con Israel que se mantienen puedan ejecutarse”, comentó a la AFP.
Este sería especialmente el caso de los aviones F-5, que deben permanecer operativos hasta que lleguen sus reemplazos turcos, indicó.
La Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado al parlamento de que la industria española está llenando el vacío dejado por la tecnología israelí descartada.
Reconoció que “quedaban algunos flecos sueltos desde un punto de vista tecnológico”, pero que las lagunas se resolvieron “a finales de julio”.
Una fuente militar española dijo a la AFP que “el tema es sensible”, afirmando que “la intención radical de cortar (el comercio de defensa) es una cosa, la realidad es otra”.
“Estas decisiones tienen repercusiones”, añadió la fuente, al tiempo que reconocía que el ejército se encuentra “en medio de una revolución”.
El Ministerio de Defensa declinó explicar qué equipamiento se verá afectado por el nuevo decreto.