La Agencia Tributaria de España obtendrá amplias facultades para monitorizar todas las cuentas bancarias a nivel nacional a partir de 2026, en el marco de una ofensiva sin precedentes contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
A partir del 1 de enero del próximo año, las entidades financieras deberán facilitar a la Agencia Tributaria un desglose pormenorizado de los saldos, depósitos, retiradas, préstamos y todos los pagos con tarjeta y operaciones digitales de sus titulares.
Esto incluye los pagos realizados mediante tarjetas de crédito y débito, tarjetas prepago y virtuales, aplicaciones de pago móvil como Bizum y otras plataformas electrónicas.
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Con anterioridad a 2026, los bancos en España solo estaban obligados a comunicar a Hacienda determinadas operaciones de cuantía elevada, préstamos o movimientos de efectivo, y los resúmenes de cuentas se remitían una vez al año.
Las autoridades han reconocido que muchos pagos de menor cuantía y las transacciones habituales con tarjeta a menudo quedaban sin declarar.
No obstante, bajo la nueva normativa, la información será reportada mensualmente en lugar de anualmente, y con un nivel de detalle muy superior al exigido hasta la fecha.
La regulación afecta tanto a personas físicas como a empresas, si bien los requisitos de información difieren entre ellas.
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Los profesionales, autónomos y empresas deberán declarar todos los pagos recibidos a través de tarjetas o plataformas digitales, con independencia de su importe.
En cambio, los titulares de cuentas particulares solo serán incluidos si la suma anual de sus pagos y cargos con tarjeta supera los 25.000 euros, o si realizan depósitos o retiradas de efectivo significativos.
Asimismo, los bancos deberán informar sobre los préstamos y créditos concedidos a todos los titulares, además de todas las transacciones en efectivo que excedan los 3.000 euros.
Esta medida se produce tras identificarse lagunas en los sistemas de declaración anteriores, los cuales, según las autoridades, permitían que ciertos ingresos y operaciones quedaran ocultos.
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Según informó El País, entre 2016 y 2021 España perdió aproximadamente 31.000 millones de euros en impuestos de sociedades debido a la “ingeniería fiscal”.
Datos oficiales también revelan que, solo en 2022, la Administración dejó de recaudar alrededor de 4.500 millones de euros debido a fraudes, evasiones o errores.
Sin embargo, el año pasado la Agencia Tributaria recuperó cerca de 19.000 millones mediante aproximadamente 2 millones de inspecciones, lo que supone un incremento del 13% respecto a 2023 y marca un paso decisivo hacia una supervisión más estricta.
La última regulación, en vigor desde abril de este año, refuerza el control de la Agencia Tributaria sobre las finanzas del país, en un movimiento con el que el Gobierno espera desbloquear fuentes de ingresos hasta ahora no explotadas.
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