Las autoridades aduaneras españolas han arrestado a un alto funcionario antidroga pocos días antes de su jubilación, en el último escándalo de corrupción que afecta al problemático puerto de Barcelona.
Francisco Javier Martín Miñana, subjefe de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Cataluña, fue detenido por un equipo especializado de Madrid perteneciente a su propio servicio, en una investigación relacionada con el contrabando.
El funcionario, de 61 años y con el rango más alto (A1) en la escala administrativa española, iba a retirarse el 9 de julio tras décadas de servicio. Según fuentes judiciales citadas por EFE, ya ha comparecido ante un tribunal de Barcelona acusado de delitos "vinculados al contrabando".
"Lo hemos detenido, pero la investigación sigue bajo secreto", confirmó un portavoz de la Agencia Tributaria (AEAT), que supervisa las aduanas.
Este arresto es otro golpe a la credibilidad del puerto barcelonés en su lucha anticorrupción. El año pasado, otro alto cargo aduanero, Manuel Corredoira, fue enviado a prisión preventiva por apropiarse supuestamente de drogas incautadas en el puerto catalán. Su caso sigue pendiente de juicio.
Miñana había destacado en operaciones contra redes internacionales de narcotráfico. En 2024, colaboró con los Mossos d’Esquadra para desmantelar una red que ocultaba cocaína en botes de mermelada importados de Colombia. La operación terminó con 40 detenidos, más de 100 kilos de cocaína (valorados en 6 millones de euros) y el incautación de efectivo, lingotes de oro y armas.
El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) acumula críticas por escándalos de corrupción y fallos operativos. Su buque insignia, el Cóndor, lleva años inutilizado en Cádiz por problemas técnicos, dejando solo un barco para vigilar el narcotráfico en Canarias. Además, usan software obsoleto para rastrear redes criminales, cada vez más sofisticadas.
El puerto de Barcelona es un punto clave para la entrada de cocaína sudamericana en Europa, aprovechando rutas legales y funcionarios corruptos. La corrupción en el SVA es especialmente grave, ya que maneja información crucial para investigaciones fiscales que suelen derivar en procesos penales.
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