El parlamento italiano ha aprobado una reforma que limita la supervisión judicial de los concursos públicos.
Crédito: Marco Iacobucci Epp, Shutterstock
El parlamento de Italia ha aprobado una reforma largamente debatida que modifica la fiscalización del gasto público, recortando las atribuciones de la Corte de los Contes y reabriendo una profunda brecha política en materia de controles y rendición de cuentas.
La ley, respaldada por la coalición de la primera ministra Giorgia Meloni, fue aprobada en el Senado el sábado 27 de diciembre por 93 votos a 51, pese a la fuerte oposición de la judicatura y los legisladores de centroizquierda. Los críticos advierten que la reforma podría debilitar las garantías sobre el dinero público, mientras el gobierno alega que es necasaria para desbloquear proyectos estancados y reducir retrasos.
Qué cambia la nueva ley
La reforma limita la capacidad de la Corte de los Contes para sancionar a funcionarios públicos por mala gestión financiera. Según las nuevas reglas, las multas para administradores hallados negligentes se limitarán al 30% del daño causado, o como máximo a dos años de su salario.
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Otro cambio clave introduce la regla de “silencio administrativo positivo”. Si un funcionario solicita a la corte un dictamen sobre una decisión de gasto, esta dispone de 30 días para responder. De no haber respuesta, la autorización se aprueba automáticamente y el funcionario no podrá ser sancionado posteriormente por esa decisión.
El gobierno sostiene que estos cambios son necesarios para superar lo que describe como un “clima de miedo” entre los administradores públicos. Según la coalición de Meloni, muchos funcionarios evitan autorizar obras públicas por temor a consecuencias legales años después.
Los ministros argumentan que esta hesitación ha ralentizado proyectos de infraestructura y ha dificultado que Italia utilice de manera eficiente los fondos públicos y europeos.
Tensiones con la judicatura ya elevadas
La votación se produce tras meses de tensión manifiesta entre el gobierno de Meloni y la judicatura italiana. Desde que asumió el cargo, la primera ministra ha acusado repetidamente a los jueces de parcialidad política y de bloquear iniciativas gubernamentales.
Hace apenas dos meses, la Corte de los Contes rechazó autorizar un proyecto emblemático para construir un puente que una Sicilia con la península. Meloni reaccionó con enojo entonces, calificando el fallo de “injerencia intolerable”.
Para los críticos de la reforma, esa decisión demostraba que la corte cumple precisamente su función: actuar como garante en decisiones de gasto mayor. Para el gobierno, fue otro ejemplo de lo que considera una interferencia judicial excesiva.
La oposición teme controles debilitados
Los partidos de la oposición y la magistratura han reaccionado con dureza ante la reforma. Advierten que limitar las sanciones y permitir que las decisiones de gasto se aprueben automáticamente podría llevar a un despilfarro y dificultar la prevención de irregularidades.
Alfredo Bazoli, senador del Partido Democrático, afirmó que la ley muestra la intención del gobierno de “demoler los controles sobre quienes detentan poder”.
Miembros de la Corte de los Contes también han expresado preocupación por el impacto en la supervisión europea, señalando que el tribunal juega un papel clave en garantizar que Italia cumpla con las normas de la UE sobre el uso de fondos públicos.
El gobierno rechaza esas afirmaciones, insistiendo en que los controles se mantendrán y que la reforma simplemente elimina lo que denomina “obstáculos innecesarios”.
Parte de una batalla judicial más amplia
La reforma de los concursos públicos precede a un plan mucho más amplio y controvertido: separar las carreras de fiscales y jueces. El gobierno sostiene que este cambio reduciría los conflictos de interés y la parcialidad política dentro del sistema judicial.
Esa propuesta se someterá a referéndum nacional en primavera, preparando el terreno para otro enfrentamiento político de envergadura.
Por ahora, la última votación subraya un patrón recurrente en la política italiana: un gobierno que impulsa celeridad y control, y una judicatura que advierte sobre garantías debilitadas.
Queda por ver si la reforma conducirá a obras públicas más rápidas o a menos fiscalización del erario. Lo que es evidente es que el enfrentamiento entre la política y los tribunales dista mucho de haber concluido.
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