A un año de las destructivas e mortales inundaciones que azotaron la Comunidad Valenciana, un nuevo estudio ha revelado que más de 4.000 edificios clave aún corren el riesgo de ser arrasados si una tormenta similar golpeara España.
Se aproxima el aniversario de las devastadoras riadas del 29 de octubre en Valencia y sus alrededores, que se cobraron la vida de más de 220 personas. Estas inundaciones, de gran magnitud, dañaron o destruyeron viviendas, puentes, colegios, comercios y otros bienes.
No obstante, tras este año, el riesgo de inundaciones en España no ha variado.
De hecho, de acuerdo con el Observatorio de la Sostenibilidad, España cuenta con un total de 4.340 edificios e infraestructuras críticas situadas en zonas con riesgo de inundación.
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Según datos oficiales, entre estos inmuebles se incluyen hospitales, cuarteles de la Guardia Civil, colegios, plantas químicas, parques de bomberos, fábricas, estaciones de autobuses, residencias de ancianos y otros más.
Un total de 10.197 de estos, en realidad, fueron construidos en llanuras aluviales. El estudio estima que el 71 por ciento de ellos se encuentra en peligro muy grave, el 13 por ciento en riesgo grave y el 16 por ciento en peligro mínimo.
Cataluña es la región con el mayor número de emplazamientos en peligro muy grave, con un 37 por ciento, seguida de Galicia con un 16 por ciento.
Resulta sorprendente, ya que muchas de las inundaciones más graves de los últimos años han tenido lugar principalmente en Valencia, Murcia y Baleares. Sin embargo, también se han registrado varias en Cataluña, especialmente en el sur de la región durante este mismo período.
De entre todos estos emplazamientos, el Observatorio de la Sostenibilidad ha identificado 4.340 puntos críticos, de los cuales 2.673, ubicados en zonas inundables, se encuentran en riesgo muy grave.
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Del total, 1.994, lo que supone un 56 por ciento, albergan a personas vulnerables; 283, un 9 por ciento, son de titularidad de seguridad del Estado; 115, un 3 por ciento, son edificios sanitarios; 534, un 17 por ciento, están relacionados con la seguridad ambiental; 1.152 con servicios básicos e industrias; y 262 con el transporte.
El porcentaje más alto donde se alojan personas vulnerables incluye residencias de ancianos, centros de educación especial y colegios.
Debido a estas cifras alarmantes, el Observatorio subraya que una de las primeras acciones para adaptarse al cambio climático debe ser la protección de las poblaciones más vulnerables y de las infraestructuras críticas.
Para ello, ha recomendado instalar sistemas de alerta temprana con protocolos estrictos e implementar una etiqueta de calificación del riesgo de inundación para ciertos edificios.
Otras medidas que sugiere son trasladar los desarrollos urbanísticos lejos de las áreas de alto riesgo, paralazar las nuevas construcciones en estos lugares y revisar los planes aprobados con anterioridad para comprobar que no se ubican en zonas de riesgo de inundación.
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Algunas de estas medidas también han sido exigidas por los ciudadanos de Valencia durante sus numerosas protestas por la gestión de las alertas de inundaciones y la respuesta de las autoridades.
El estudio también aboga por la importancia de crear infraestructuras sostenibles que reemplacen a las más críticas en peligro, como plantas de suministro de agua, estaciones depuradoras de aguas residuales, plantas de tratamiento de aguas, centrales de telecomunicaciones, vías de comunicación, redes energéticas y hospitales.
En tercer lugar, exige la adopción urgente de medidas de protección para los colectivos más vulnerables de la sociedad, lo que incluye el realojo de quienes residen en zonas de riesgo muy alto.
Por último, reclama que se exiga la rendición de cuentas en lo referente a las políticas públicas, los planes de riesgo de inundación y las estrategias para un futuro incierto debido al cambio climático.