En su columna periódica para el Olive Press, el exeditor de The Chronicle Francisco Oliva reflexiona sobre cómo el Peñón puede recomponer su fracturado tejido social y sobre los defectos de la Autoridad Policial de Gibraltar.
UNA de las conclusiones más diáfanas que emergió de las declaraciones orales en la investigación McGrail es el papel fundamentalmente deficiente que desempeñó la Autoridad Policial de Gibraltar en todo el asunto, así como la ineptitud del entonces presidente Joseph Britto para el cargo.
Descrito por Nick Pyle como un hombre “de disposición nerviosa”, cualquiera que hubiese sintonizado su testimonio por televisión no habría albergado duda alguna sobre la precisión del comentario del Gobernador interino.
A raíz de esto, deberían plantearse preguntas de calado sobre los métodos de selección y nombramiento para los consejos estatutarios y otros organismos voluntarios en Gibraltar que inciden en las funciones del Estado.
El presidente de la Autoridad Policial de Gibraltar es una pieza clave en la arquitectura del Estado de derecho, en los contrapesos constitucionales de la gobernanza democrática.
Ser un hombre amable y agradable, como parece ser el consenso respecto al talante personal de Britto, no es suficiente; de hecho, nunca lo es por sí solo para nada, y menos aún en un proceso de selección de esta índole, para un puesto que requiere atributos muy específicos, donde debería ser algo completamente accesorio.
Desgraciadamente, existe una larga lista de casos que contradice esa premisa básica de sensatez.
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EL PARAGUAS
Un presidente requiere una personalidad sólida, carácter suficiente y un acusado sentido del liderazgo para navegar por las fallas del Estado.
Además, ha de poseer un conocimiento y comprensión profundos de las cuestiones vitales subyacentes a su rol crítico, que no es otro que garantizar la independencia del cuerpo policial, protegiéndolo de cualquier intromisión del poder político o del Gobernador.
La importancia de la policía en la sostención del concepto de Estado de derecho, sin el cual la democracia carece de sentido, debe ser comprendida en toda su magnitud.
Un presidente no puede ser ingenuo —”estas cosas simplemente no pasan en Gibraltar, me costaba creerlo”— ni ajeno a la gravedad de lo que ocurría —”no conecté los puntos en ese momento”, “ni siquiera se me pasó por la cabeza”—.
No puede ceder ante la presión ni intimidarse en presencia del Ministro Principal o del Gobernador, aceptando cuanto dicen sin cuestionarlo; cortés, por supuesto, pero siempre firme en la defensa de su función constitucional.
Al menos cabe esperar que posteriormente haya experimentado una epifanía privada, que se haya percatado de que aquello que pensaba que no podía suceder en Gibraltar estaba ocurriendo ante sus propios ojos; que no se invita al Ministro Principal —técnicamente eso nunca podría ser una injerencia— a redactar cartas por uno en medio de un proceso disciplinario, ni se firman cosas que ni siquiera se comprenden.
Una persona instintivamente recelosa de los poderes policiales, como se podría inferir de su propia admisión, no parecería razonablemente contar con el perfil idóneo que conviene al puesto de presidente de la autoridad.
Sorprendentemente, parecía más preocupado por que el equilibrio se alterase en la dirección opuesta, es decir, por la posibilidad de que la policía abuse de sus atribuciones —lo cual, en el contexto de 2025, resulta una proposición improbable, quizás incluso excepcional— que por proteger la independencia operativa de la policía.
En su interrogatorio, el otro Nick, el abogado de la RGP en la investigación, Nick Cruz, describió a la perfección la Autoridad Policial de Gibraltar como “el paraguas que funciona bien hasta que llueve”.
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CUANDO SE DESATA EL INFIERNO
Fue el acalorado enfrentamiento del 12 de mayo de 2020 entre el Ministro Principal y McGrail, en presencia del Fiscal General, lo que desencadenó la sucesión de eventos cuando “se desató el infierno”, al llegar a Convent Place la noticia de la orden de registro en Hassans.
El resultado del muy publicitado enfrentamiento, cuando Picardo reconoció que los ánimos se exaltaron y corroboró que el comisario “no era precisamente una monjita de la caridad”, fue una ruptura catastrófica en la relación entre ellos.
Además, en un momento de candor durante su declaración, el Ministro Principal concedió que no pretendía ser perfecto —¿acaso existe alguien que lo sea?—, insistió en que había actuado correctamente en todo momento y que su conciencia estaba tranquila.
Hubo un punto de inflexión en su voz que sugirió una nota de decepción, quizás de pesar por cómo habían resultado las cosas, y de desilusión porque McGrail no había intentado tendrerle la mano ni disculparse.
Esto podría haber cambiado drásticamente el escenario, pues es plausible que Picardo hubiese acogido con agrado tal gesto para restablecer la relación y seguir adelante.
Habían trabajado bien juntos anteriormente durante la COVID y en otros asuntos, por lo que una expectativa así no habría sido en modo alguno inconcebible.
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También declaró que no era bueno, y nunca lo es, para el Estado de derecho en Gibraltar, que él y el comisario, en efecto los dos grandes garantes del Estado de derecho (y no se puede enfatizar esto lo suficiente) sin el cual la democracia se va al traste, estuviesen “a la greña”.
Dado lo anterior, y podría argüirse que quizás una puerta quedó entreabierta para una reconciliación incluso en los peores momentos, la ausencia de un presidente de la Autoridad Policial competente y persuasivo es aún más lamentable.
Dicha figura habría podido utilizar su influencia para conseguir que Picardo y McGrail se sentasen a una mesa en la misma habitación con él, dada la gravedad de la situación forzándolos si fuera necesario, para zanjar sus diferencias en una discusión franca, para recomponer el colapso comunicativo y no salir de allí hasta que la situación se hubiese solucionado satisfactoriamente para todas las partes.
Habría sido bueno para ambos, bueno para Gibraltar y bueno para el contribuyente.
Desgraciadamente, la falta de un intermediario creíble simplemente enquistó más a las partes, y el asunto fue calamitoso para todos y una nueva bonanza de la ‘Ruta de la Seda’ para los abogados defensores.
MECANISMO DE INTERCESIÓN
La Autoridad Policial de Gibraltar ha de ser reformada drásticamente con una profesionalización del cargo de presidente y la inclusión de disposiciones para un mecanismo de intercesión que evite la repetición de este tipo de conflictos.
Debería ser la primera lección que aprender de la experiencia por la que ha pasado Gibraltar.
Tres cosas son indiscutibles: Picardo convocó la investigación para llegar al fondo de la crisis, con un coste para el contribuyente de 8 millones de libras; tomó la decisión de que el contrato del NCIS permaneciese con Blands, frente a la empresa en la que tenía un interés económico tangencial; y negó que Levy o cualquier persona estén fuera del alcance o por encima de la ley.
Sean cuales fueren los errores de comunicación o procedimiento, las omisiones honestas o accidentales, la evasividad o el malentendido por parte del excomisario, será el juez de la investigación, Sir Peter Openshaw, quien determine la gravedad de los mismos y se pronuncie sobre los sustanciales puntos de derecho surgidos en el transcurso de las actuaciones.
Sin perjuicio de las recomendaciones finales que todos conoceremos en breve, McGrail es un hombre honrado que ha dedicado su vida a sostener el Estado de derecho.
Existen pocas empresas tan valiosas, dignas y meritorias como esa, incluso si nadie está, ciertamente, exento de error humano.
Por otro lado, en Picardo tenemos al Ministro Principal que, al final de su mandato, presumiblemente en 2027, habrá logrado lo máximo para Gibraltar en la era moderna, dejando tras de sí un vacío de poder que será imposible de llenar quizás durante una década.
Él también es un hombre honrado, y corresponde igualmente al juez considerar su declaración bajo juramento de que actuó correctamente en todo momento.
Empleando su terminología, él ha estado ahuyentando cocodrilos que se acercaban demasiado a la canoa y amenazaban la existencia de Gibraltar desde 2016, y lleva las cicatrices de batalla que lo demuestran.
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