En 2025, arribaron a Mallorca 267 menores migrantes no acompañados. De todas las solicitudes que el Consell de Mallorca, a través del Institut d’Afers Socials, presentó a la Comisaría de Extranjería para que estos jóvenes obtuvieran algún tipo de documentación o residencia, se aprobaron el 70%.
En mayo de 2024, el instituto creó una unidad específica para menores no acompañados, en respuesta a un aumento “masivo” en las cifras. La directora de atención a la infancia, Magdalena Ramis, señala que existía “una falta de información y conocimiento específico sobre los niños que llegaban”.
Una de las tareas de esta unidad es la tramitación de documentación. Desde su puesta en marcha, se han presentado 241 solicitudes para regularizar su situación. En 2024, se presentaron 26 peticiones de residencia, de las cuales seis fueron aprobadas. En 2025, se elevaron 215 solicitudes: 145 para residencia y 58 para un certificado de inscripción, un trámite previo para obtener la residencia si el menor llega sin documentación. De los permisos de residencia, se concedieron 98, se denegaron cinco y 72 están pendientes. En cuanto a los certificados de inscripción, se otorgaron 50 y ocho continúan en trámite.
Si estos menores tienen 17 años, el tiempo apremia para gestionar los papeles antes de que alcancen la mayoría de edad. “Intentamos hablar con Extranjería, con quien tenemos contacto directo, y pedirles que agilicen el permiso para que los menores que llegan con 17 años al menos tengan documentos que les permitan empadronarse en los ayuntamientos”, explica Ramis.
El certificado solo indica que el menor se encuentra en España, pero no otorga los beneficios de la residencia, como obtener un permiso de trabajo. Una vez se consigue la residencia, pueden solicitar posteriormente la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), que acredita la estancia legal de ciudadanos no comunitarios. Otros optan por pedir asilo, que se concede a quienes provienen de países en guerra o huyen de cualquier tipo de violencia. “Suelen ser chicas las que lo solicitan”, apunta.
La creación de la unidad ha permitido una mayor coordinación con la Fiscalía de Menores y la Policía Nacional, encargadas de determinar la edad de los jóvenes. Ramis explica que este último año ha habido un incremento en el número de decretos para fijar la edad, pues “cada vez hay más dudas”. Se realizan pruebas específicas en el Hospital Son Espases y, en la “mayoría” de los casos, terminan siendo mayores de edad. Mientras que en algunas ocasiones hay dudas razonables sobre si alguien es menor, en otras es innegable. En los últimos dos años, han llegado en patera dos chicas “de muy corta edad”.
La carga de trabajo es cada vez mayor. La unidad comenzó con un equipo de cinco personas. Ahora son once. “Si el número de pateras sigue aumentando, tendremos que incrementar el número de profesionales para atender a estos niños”, afirma Ramis.