Un grupo de eurodiputados se prepara para presentar una resolución en el Parlamento Europeo destinada a remitir el Acuerdo Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. Si el tribunal acepta el caso, se suspendería el proceso de ratificación del acuerdo.
Las eurodiputadas verdes Majdouline Sbai (Francia) y Saskia Bricmont (Bélgica), junto con Manon Aubry (Francia) del grupo de izquierdas, están liderando la iniciativa.
Según una de las fuentes, la resolución argumentará que el mandato de la Comisión Europea no le permite dividir el acuerdo con fines de ratificación.
Este enfoque, que se espera sea adoptado por la Comisión el miércoles cuando el Colegio de Comisarios apruebe el acuerdo, separaría el componente comercial del resto del texto para facilitar un proceso de ratificación más ágil.
Sin esta escisión, sería necesario que los parlamentos nacionales de la UE votasen sobre la dimensión comercial. Los parlamentos austríaco y neerlandés parecen opuestos al acuerdo cerrado por la Comisión en diciembre pasado. Las fuerzas políticas francesas incluso están unidas en su rechazo al acuerdo. El compromiso de Italia con el pacto también ha estado en entredicho.
El acuerdo concluido por la Comisión con los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— liberalizaría el comercio entre la UE y estas naciones.
El ámbito de libre comercio abarcaría 780 millones de personas, con aranceles que actualmente varían entre el 10% y el 35% y que desaparecerían gradualmente para la mayoría de los productos.
## Nuevo contexto geopolítico
Para la Comisión y sus partidarios, como Alemania, este acuerdo es esencial para su estrategia de diversificar socios comerciales a nivel global, en medio de una reevaluación profunda de su relación con su socio histórico, Estados Unidos.
Los eurodiputados tras esta iniciativa confían en consolidar el apoyo de 72 miembros, principalmente de la bancada izquierdista del Parlamento y entre los eurodiputados franceses, para respaldar la propuesta.
Una vez obtenidas las firmas, la propuesta podría someterse a votación ante el pleno del Parlamento. Ese será otro desafío, dado que el actual contexto geopolítico favorece el apoyo al acuerdo.
La próxima resolución también argumentará que a los países del Mercosur se les han otorgado derechos de supervisión sobre toda la legislación de la UE vinculada al pacto verde, lo que les permitiría impugnar dichas normas ante los tribunales y socavar la autonomía regulatoria de la Unión.
Las principales preocupaciones provienen del sector agrícola, que considera que el acuerdo abre la puerta a competencia desleal de productos latinoamericanos. Las disposiciones ambientales también son criticadas por no ofrecer garantías suficientes para la UE.