La Iglesia Católica de España, aún sacudida por el escándalo de abusos sexuales del clero, alcanzó este jueves un acuerdo con el Gobierno para indemnizar a las víctimas cuyos casos habían prescrito o en los que el agresor ha fallecido.
“Hoy saldamos una deuda y hacemos justicia con las víctimas. Pasamos de décadas de silencio y olvido a una reparación justa asumida por la Iglesia”, declaró el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre el convenio firmado por su cartera y la institución eclesiástica.
El escándalo salió a la luz tras una investigación del diario El País en 2021, que destapó más de 1.200 casos presuntos, en un eco de los escándalos similares ocurridos en la Iglesia Católica de Estados Unidos, Irlanda y Francia.
Un informe de 2023 del Defensor del Pueblo español estimó, basándose en una encuesta a 8.000 personas, que hubo cientos de miles de víctimas a lo largo de décadas. El documento instaba a crear un fondo estatal y acusaba a la Iglesia de no cooperar y de intentar “minimizar el fenómeno”. Hasta 2024, más de 700 personas habían compartido su caso con esta institución.
Por su parte, una investigación encargada por la propia Iglesia Católica española había identificado a alrededor de 2.000 víctimas a finales de 2023. Según el acuerdo firmado este jueves, el Defensor del Pueblo examinará cada caso y propondrá una compensación —económica, moral, psicológica o restaurativa— en función de la petición de la víctima, explicó Bolaños.
Anteriormente, las víctimas podían acudir directamente a la Iglesia, pero muchas se mostraban reticentes. La institución señaló el jueves que ya había abonado alrededor de 2 millones de euros a víctimas.
El nuevo procedimiento está destinado a aquellas víctimas que no desean dirigirse directamente a la Iglesia. Las reparaciones propuestas por el Defensor del Pueblo deberán ser aceptadas tanto por la víctima como por la Comisión de Valoración de la Iglesia.