Según un acuerdo con Vox, el gobierno del Partido Popular en Baleares permitirá la legalización de propiedades en la Sierra de Tramuntana, a pesar de estar en terrenos protegidos. Esto se hará mediante una enmienda a la ley de simplificación administrativa del gobierno, que incluye un paquete de medidas.
Hasta ahora, no existía prescripción para construcciones ilegales en suelo rústico protegido de la Tramuntana. Esto cambiará: una vez aprobada la enmienda, se aplicarán las normativas vigentes cuando se construyó la propiedad. Si fue antes de 1991, por ejemplo, será posible legalizar inmuebles en zonas protegidas como Áreas de Especial Interés Natural (ANEI). Antes no había plazo para el uso ilegal no autorizado; ahora sí: ocho años desde la construcción o el inicio del uso ilegal.
Los ayuntamientos han impedido la legalización, amparándose en un reglamento de 1972 —cuando la Tramuntana fue declarada “paisaje pintoresco”— y en mecanismos de protección ambiental como las ANEI.
La Agencia de Defensa Territorial del Consejo de Mallorca, que persigue casos de construcción ilegal en suelo protegido, rechaza la enmienda y ha emitido un informe crítico. Los partidos de la oposición, por su parte, alegan que la propia enmienda es ilegal.
La ley de simplificación administrativa incluía una amnistía para propiedades ilegales en suelo rural, pero hasta ahora no se aplicaba a la Tramuntana. Uno de los municipios más afectados por la enmienda será Pollensa.