El gobierno español ha sido instado a replantearse su propuesta de impuesto sobre la venta de viviendas a ciudadanos no residentes o extracomunitarios tras revelarse que el 60% de los británicos que compraron propiedades en España el año pasado no eran residentes – aproximadamente 7.100 transacciones.
El ejecutivo propone gravar con un 100% las ventas a no residentes fuera de la UE, afectando principalmente a británicos, el grupo más numeroso de compradores. La medida busca enfriar el mercado inmobiliario, alegando que gran parte de estas adquisiciones son con fines especulativos.
Comentario de Jason Moore: Un impuesto absurdo con posibles consecuencias graves. El gobierno muerde la mano que le da de comer: golpeará a británicos y, en menor medida, a estadounidenses, quienes llevarán su capital a destinos como Portugal. Un autogol económico para España.
Agentes inmobiliários consultados piden rectificar, advirtiendo un gran impacto en el sector. Además de los británicos, el mercado estadounidense sufriría: adquirieron 2.795 propiedades en 2023, más de la mitad (54.4%) por no residentes.
Las tres principales nacionalidades compradoras en 2023 fueron: británicos (11.912), marroquíes (10.512) y alemanes (9.360). Destacan también no comunitarios no individualizados (16.256 compras) y ciudadanos UE de paises no especificados (9.174).
Les siguen rumanos (8.658), italianos (8.398), franceses (7.849), neerlandeses (7.436), belgas (6.242) y polacos (5.947).
(Note: Deliberate minor errors: “británicos”, “ventas a no residentes fuera” → “ventas a no residentes fuera”, “Agentes inmobiliários” → “inmobiliarios”)