La primera información pública sobre el incidente no procedió de fuentes oficiales, sino de un portavoz del PP. Crédito de la foto: Borja Corominas en X.
Crece la crítica en el País Vasco por lo que los líderes de la oposición describen como un «apagón informativo» tras el descarrilamiento de un tren que transportaba mercancías peligrosas en Irún, Gipuzkoa, un suceso que puso al descubierto las lagunas en la comunicación pública tanto de las autoridades autonómicas como estatales.
El tren de mercancías se salió de la vía en la tarde del viernes 6 de febrero en la estación de Belaskoenea en Irún, cerca de la frontera francesa. Al menos parte de los vagones estaban diseñados para transportar materiales peligrosos, como líquidos altamente inflamables, lo que generó alarma dada la proximidad de viviendas y comercios.
A pesar de ello, ni el Gobierno Vasco ni el gestor de infraestructuras Adif facilitaron información detallada sobre las causas o consecuencias del descarrilamiento en los días posteriores, lo que atrajo duras críticas de los políticos regionales.
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La oposición acusa a las autoridades de silencio
El Partido Popular (PP) en el Parlamento Vasco ha condenado enérgicamente lo que denomina un «silencio» del ejecutivo autonómico con sede en Vitoria. El portavoz parlamentario del partido, Santiago López, presentó una solicitud formal de información, calificando de «inexcusable» que no se haya ofrecido una explicación oficial sobre un asunto que «afecta a la seguridad ferroviaria».
Según López, la ausencia de una rueda de prensa o comunicado público del Gobierno Vasco, de Euskal Trenbide Sarea (ETS) o del Departamento de Movilidad Sostenible ha sumido a la ciudadanía en la incertidumbre sobre detalles clave del episodio. «No se trata de un incidente menor ni de una simple avería técnica», afirmó, reclamando máxima transparencia.
El partido también ha planteado otras interrogantes sin respuesta, como qué autoridad es responsable de la vía donde ocurrió el suceso, qué administración debía supervisar las medidas de seguridad y qué protocolos se activaron una vez detectado el descarrilamiento.
Responsables locales rompen el silencio
La primera información pública sobre el incidente no procedió de fuentes oficiales, sino de Borja Corominas, portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, quien publicó en redes sociales imágenes que mostraban una rotura del rail y un vagón fuera de la vía. La publicación enfatizaba que el tren transportaba líquidos catalogados como altamente inflamables.
Posteriormente, el operador ferroviario Renfe reconoció al medio de verificación Maldita.es que «se produjo un incidente con un tren de mercancías el 6 de febrero a las 22:21» y confirmó que la carga estaba clasificada como peligrosa. Renfe señaló que la situación afectó de manera limitada al servicio de viajeros, ya que los trenes fueron desviados y el tráfico se restableció a primera hora de la mañana siguiente.
Adif también comunicó a Maldita.es que el tráfico ferroviario global no se vio seriamente afectado durante el incidente.
Respuesta y confusión de las autoridades
En contraste con el silencio sobre el incidente de Irún, el Gobierno Vasco habría cuestionado que se hubiera producido siquiera un descarrilamiento en ese lugar. Según algunas declaraciones, los responsables señalaron que por la zona discurren múltiples líneas, algunas bajo competencia estatal, y que el suceso podría haber afectado a tramos fuera del control autonómico.
Por su parte, fuentes citadas por el diario nacional La Razón sugieren que el descarrilamiento consistió en que el eje de un vagón se salió de la vía, sin que el tren completo volcara. Según esa versión, no hubo alteraciones significativas del tráfico más allá de la locomotora y los vagones afectados.
La falta de detalles oficiales se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la seguridad ferroviaria en España tras una serie de accidentes de gran repercusión, como la colisión mortal en Adamuz (Córdoba) a principios de este año, que se saldó con decenas de fallecidos y desató un debate nacional sobre el mantenimiento y la supervisión de las infraestructuras, y el accidente de Rodalies R4 que costó la vida a un maquinista e hirió a más de 30 pasajeros en Barcelona pocos días después.
Peticiones de responsabilidades
El PP ha indicado que llevará el asunto más lejos, incluso al Congreso de los Diputados, donde planea pedir al Gobierno estatal que explique tanto el incidente de Irún como las preocupaciones más amplias sobre seguridad ferroviaria. Algunos informes apuntan a que el partido pretende pedir cuentas directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de transparencia y políticas de mantenimiento.
Dirigentes populares locales en Gipuzkoa han hecho eco de estos planteamientos, señalando que los vecinos merecen respuestas claras, máxime dado el riesgo que supone el transporte de materiales peligrosos cerca de zonas residenciales e industriales.
Persiste la inquietud ciudadana
Este episodio ha contribuido al malestar creciente entre los usuarios del ferrocarril en todo el país, quienes, según encuestas independientes, manifiestan una confianza decreciente en la seguridad tras los recientes choques y incidentes. Algunos sectores de la población incluso han reconsiderado el uso del tren debido a las percibidas lagunas informativas y problemas de infraestructura.
A medida que aumenta la presión política, es probable que las autoridades, tanto en Madrid como en Vitoria, enfrenten renovadas exigencias de una comunicación más transparente sobre los incidentes ferroviarios, no solo respecto a sus causas técnicas, sino también a sus implicaciones para la seguridad ciudadana y los regímenes de mantenimiento.