El gobierno regional de Murcia ha sido condenado a pagar 160 millones de euros al gigante de la construcción Sacyr por el problemático proyecto del Aeropuerto de Corvera, lo que supone un nuevo giro en uno de los despropósitos infraestructurales más notorios de España.
Originalmente previsto para inaugurarse en 2012, el Aeropuerto Internacional de Murcia solo recibió a sus primeros pasajeros en enero de 2019 —dieciséis años después de que el proyecto fuera declarado de «interés general» por el Estado. Años de retrasos, mala gestión financiera y disputas legales dejaron la infraestructura inacabada y a la región frente a costes descomunales.
El Juzgado de lo Mercantil de Madrid falló a favor de Sacyr, obligando a la administración autonómica a abonar 143,7 millones de euros por inversiones realizadas antes de la rescisión de la concesión, más otros 17 millones en intereses. Estos fondos proceden de la antigua concesionaria del aeropuerto, Aeromur, que había iniciado un preconcurso de acreedores tras acumular una deuda de aproximadamente 200 millones para financiar las obras.
En un giro irónico, una parte sustancial de los 160 millones podría revertir en el propio gobierno regional, el cual figura como el acreedor principal de más del 90% de la deuda de la concesión una vez que el contrato revertió a manos públicas.
A pesar de ello, Murcia anunció su intención de recurrir el fallo, alegando que la sentencia ignora una transacción de 61 millones de euros acordada a principios de este año que beneficia a la comunidad. Los representantes institucionales arguyen que Sacyr debe asumir las consecuencias de los incumplimientos que retrasaron la apertura del aeropuerto durante años.
Con múltiples recursos y procedimientos judiciales aún en curso, la resolución definitiva sobre quién debe qué —y quién acabará pagando— podría tardar años en dilucidarse. Mientras tanto, el Aeropuerto de Corvera perdura como un ejemplo aleccionador sobre la ambición, la desorganización y el elevado coste de una infraestructura malograda.