Acuerdo histórico entre el Gobierno y la Iglesia para compensar a víctimas de abusos

El Gobierno de España y los obispos católicos han alcanzado un acuerdo sobre un método para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales por parte de clérigos fallecidos o cuyos posibles delitos hayan prescrito.

Este pacto pretende resolver las discrepancias entre el Ejecutivo y las autoridades eclesiásticas en torno a la cuestión de las reparaciones, un tema largamente debatido.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) indicó en un comunicado que el nuevo acuerdo permitirá a aquellas víctimas que no deseen dirigirse directamente a la Iglesia acudir al Gobierno y al Defensor del Pueblo, figura que ha tenido un papel primordial en sacar a la luz estos casos.

“Hoy hemos saldado una deuda con las víctimas”, afirmó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa. “Es cierto que el Estado ha actuado tarde, pero lo hacemos ahora. Ayer, las víctimas no podían hacer nada porque estos crímenes habían prescrito”.

Por su parte, el arzobispo Luis Argüello, presidente de la CEE, reconoció que algunas víctimas no se sentían cómodas acercándose a las oficinas de la Iglesia. Ahora, podrán dirigirse al Estado.

Argüello detalló que la Iglesia ya ha abonado unos dos millones de euros en compensaciones tras estudiar las peticiones de más de un centenar de víctimas desde que su comisión especial se inauguró en 2024.

El nuevo procedimiento

Según lo establecido, las víctimas podrán presentar su solicitud inicial ante el Ministerio de Justicia. Este la derivará al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien la estudiará y propondrá un paquete de indemnización que luego evaluará la comisión eclesiástica.

“Si no se alcanza un acuerdo con la Iglesia y la víctima, el caso pasará a una comisión mixta con representantes de la Iglesia, la institución del Defensor y asociaciones de víctimas”, explicó Bolaños. “Y si dicha comisión no logra un consenso, prevalecerá la decisión del Defensor”.

El plazo para presentar reclamaciones estará abierto por un año, prorrogable por otro más si fuera necesario, según precisó el ministro.

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