Ubicado entre España y Francia, el Principado de Andorra tiene dos Jefes de Estado: el Obispo de Urgell en Cataluña, España, y el presidente de Francia.
Es un destino turístico muy popular, especialmente para el esquí, y es autogobernado con una población de poco menos de 90.000 habitantes, aunque no es miembro de la Unión Europea ni del espacio Schengen.
El sector bancario gozaba de estatus de paraíso fiscal, lo que atrajo gran cantidad de inversión. Sin embargo, según un grupo investigador, existe un gran escándalo financiero que hasta ahora ha sido mayormente ignorado por los medios convencionales.
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Gobierno de Andorra acusado de irregularidades financieras en connivencia con España y EE.UU.
Se alega que el Gobierno andorrano ha invertido casi 10 años investigando inversiones en el país y, tras recibir información de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EE.UU. (FinCEN), se enfocó en el Banco Privado de Andorra (BPA), que finalmente cerró con sus directivos encarcelados pero nunca condenados.
Se afirma que tres autoridades perseguían agendas políticas distintas: EE.UU. buscaba combatir el presunto blanqueo internacional; España abordaba el independentismo catalán; y Andorra intentaba proteger a sus élites de investigaciones anticorrupción.
Al final, a pesar del cierre del BPA, no se probaron condenas por blanqueo de capitales, y en los últimos 10 años, FinCEN ha retractado sus acusaciones. Tanto el BPA como sus directivos fueron exonerados por las autoridades españolas.
La situación se complica aún más porque, tras la intervención del gobierno andorrano en el BPA, las autoridades transfirieron los activos “buenos” del banco a una nueva entidad, Vall Banc, que luego fue vendida a la estadounidense JC Flowers por hasta 29 millones de euros. El Estado asumió más de 100 millones en pérdidas del BPA. Además, se pagaron 30 millones a la auditora PwC por revisar cuentas, un costo que representantes de inversores afirman equivale al 14% de los activos disponibles. Estas transacciones generan dudas sobre si los fondos incautados al BPA siguen intactos o ya se han gastado, lo que daría a las autoridades andorranas incentivos para retrasar devoluciones o mantener investigaciones indefinidas contra depositantes.
Inversores afectados preparan demanda contra el Gobierno de Andorra por irregularidades financieras
Ante estas maniobras, es evidente que Andorra ha seguido su propia política, y ahora numerosos inversores cuyos fondos no fueron devueltos preparan una demanda para recuperar sus pérdidas.
Sus representantes acusan al gobierno andorrano de mantener a miles de inversores extranjeros en perpetua investigación para incautar sus bienes, enfrentando amenazas de prisión, órdenes de arresto falsas y notificaciones rojas de Interpol.
Gibraltar, ubicado en el otro extremo de la Península Ibérica, ha sido acusado frecuentemente por España de ser un centro de blanqueo, algo nunca probado, mientras que España parece hacer la vista gorda ante posibles irregularidades en Andorra.