El domingo, el Govern Balear informó de que había detectado 1.475 viviendas de alquiler vacacional que no estaban abonando la tasa turística.
De estas, 570 se han registrado ya para el pago del impuesto. Las demas, a menos que los propietarios puedan demostrar que no ha existido ninguna actividad comercial, serán inscritas de oficio.
El cruce de datos de la administración autonómica con los de los consells insulares permitió descubrir que estos 1.475 inmuebles figuraban en los registros municipales como alojamientos turísticos —todos disponen de la licencia pertinente— pero no constaban en el registro gubernamental para el pago de la taxación.
El Gobierno afirma que “se ha dado un paso más en la colaboración institucional con los consells insulares con el objetivo de mejorar la gestión y el control de los alquileres turísticos en Baleares”. Las liquidaciones tributarias se realizan de forma retroactiva.
En septiembre de 2023, el vicepresidente del Gobierno y conseller de Hacienda, Antoni Costa, anunció que se cruzarían los datos con los del Consell de Mallorca. Esto con el fin de “garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre todos los establecimientos turísticos”. “Nuestro objetivo es asegurar que todos cumplan con las mismas obligaciones y que los fondos recaudados se destinen al bienestar de toda la ciudadanía balear.”